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RUEDA DE PRENSA | IU-LV pone en conocimiento de la Fiscalía hechos que «pueden ser delictivos» acerca de actuaciones del Concejal de Bienestar Social y su relación directa con una asociación subvencionada y contratada por el Ayuntamiento de Almansa [Vídeo]

Izquierda Unida – Los Verdes, a través de su concejal portavoz, Cristian Ibáñez, anunciaba el jueves que han puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Albacete hechos que consideran «pueden ser delictivos», todos ellos relacionados con las actuaciones del Concejal de Bienestar Social, José Antonio Gil, permitidos por el Alcalde Francisco Núñez, y su vinculación con una asociación subvencionada y contratada de forma directa por el Ayuntamiento de Almansa. Desde la formación aseguran que, tras denunciar hace un año las irregularidades en el servicio «inventado y sin informes técnicos» de la plaza Luis Buñuel, han seguido investigando hasta reunir una buena cantidad de información que han puesto en conocimiento de la Fiscalía «para que decida si hay hechos delictivos o no».
Ibáñez explicaba que puede existir un problema de incompatibilidad por la «relación evidente», que consideran probada, entre el concejal y la asociación, ya que, aunque dejó de ser presidente, según denuncia IU-LV, la dirección fiscal sigue siendo el domicilio particular del propio concejal. Además, advertía Cristian Ibáñez que el teléfono de contacto de la asociación es el número facilitado por el Ayuntamiento de Almansa al concejal, pagado con dinero público. Por suma, tras conceder el consistorio una subvención a la asociación en cuestión, entre la documentación de justificación «han aparecido facturas de televisión, teléfono e internet del domicilio de José Antonio Gil, Concejal de Bienestar Social». «No puede ser que aparezcan facturas de casa de un concejal que supuestamente ya no es parte de la directiva de la asociación» -decía.
Por último, entre los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía, IU-LV destaca que, tras finalizar el contrato con la asociación para el servicio de atención a la infancia y la adolescencia del centro de San Roque, el ayuntamiento recibió otra factura por valor de 3.000€ con el concepto de nóminas de enero y febrero de los trabajadores, por lo que se excedía el límite legal, tanto del importe, que supera así los 18.000€ ya pagados, como del tiempo, nunca superior a un año, para un contrato menor concedido «a dedo».

Así, el edil de IU-LV sentenciaba que «nos parecen hechos más que suficientes para poner en conocimiento de la Fiscalía, puede que salga adelante o que no, pero nuestra labor de oposición es informar también a los ciudadanos y que valoren si son éticos o razonables estos hechos que denunciamos».

El pasado 25 de abril, el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes se personaba en la Audiencia Provincial de Albacete para informar a la Fiscalía sobre hechos que consideran «posiblemente delictivos». Con un extenso expediente, fruto de la investigación de más de un año, desde el grupo pretenden que «se analice e investigue para decidir si hay hechos delictivos». Es así porque, según Ibáñez, «nuestra responsabilidad es ponerlo en conocimiento porque entendemos que nos son correctos, ya será la Fiscalía quien decida si es suficiente».

Hace ya más de un año que la formación denunciaba los «comportamientos y formar de actuar del Concejal de Bienestar Social, José Antonio Gil, y el Alcalde Paco Núñez, que es quien se lo permite». En esa ocasión criticaban la «invención» de un servicio en plaza Luis Buñuel, en el que se ofrecían meriendas «sin informes técnicos» a «quienes se consideraba», además de ser una persona ajena al Ayuntamiento de Almansa, familiar del concejal, la encargada de comprar lo necesario y cargarlo al consistorio».

Ahora, tras más de un año de investigación por parte de Izquierda Unida – Los Verdes, en el que han recopilado más informes y documentación correspondiente a «posibles hechos delictivos» relacionados con los antes expuestos, la formación los ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, exponiéndolos hoy ante los medios de comunicación. Explicaba Cristian Ibáñez que «entendemos que se ha podido vulnerar la legislación sobre contratación», pues esta asociación ha sido presidida por el concejal y sus familiares directos, y, aunque supuestamente ya no forman parte de la directiva «sigue existiendo vinculación clara» para IU-LV.

Ibáñez quiso aclarar que su formación «no tiene nada en contra de la asociación ni de su actividad en servicios socioeducativos, sino que esta denuncia va contra las actividades del concejal, que confunde cuándo actúa con unos y otros. Entendemos que el concejal usa a la asociación con intereses personales».
Continuaba el edil desgranando algunas de las partes más importantes de la documentación aportada a la Fiscalía, concretamente informan de que, finalizado el contrato de servicio del centro de atención a la infancia y adolescencia de San Roque, pagados los 18.000€ correspondientes al contrato de un año, «entró ante contabilidad del ayuntamiento una factura de 3.000€ en concepto de nominas de enero y febrero de 2016. La asociación mantuvo a sus trabajadores». Por ello, IU-LV denuncia que «se sobrepasa el límite legal de dinero y año de un contrato menor». Este tipo de contratos, de concesión directa «a dedo», nunca puede exceder la duración de un año ni el importe de 18.000€.

El hecho central de las posibles irregularidades se ubica en la relación directa del Concejal de Bienestar Social, José Antonio Gil, con la asociación, que consideran probada desde IU-LV. Durante su investigación, desvelaba Ibáñez, han descubierto que el domicilio fiscal de la asociación es el particular del concejal.

Por otra parte, tras conceder el Ayuntamiento de Almansa 2500€ en 2016 a la asociación, en la justificación presentada «aparecen facturas de televisión, teléfono e internet del domicilio de Jose Antonio Gil, Concejal de Bienestar Social». «No puede ser que aparezcan facturas de casa de un concejal que supuestamente ya no es parte de la directiva de la asociación» -decía.  Igualmente, destaca Cristian Ibáñez que el teléfono de contacto de la asociación es el del concejal, pero no el personal, sino que además se trata de la linea telefónica pagada por el ayuntamiento.

Por todo ello consideran desde IU-LV «que la relación es innegable, sigue dirigiendo y esto hace incompatible la relación de la asociación con la administración pública». «Nos parecen hechos más que suficientes para poner en conocimiento de la Fiscalia -continuaba- «puede que salga adelante o que no, pero nuestra labor de oposición es informar a los ciudadanos y que valoren si son éticos o razonable estos hechos que denunciamos». «Esperaremos a los resultados» -finalizaba.

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