TODOS/AS TRABAJAN POR QUE NO HAY MIEDO

 

La Guardia Civil detiene en Pinto (Madrid) a una mujer mexicana como presunta autora de un delito de autoadoctrinamiento y enaltecimiento yihadista

Operación realizada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil y del Grupo de Información de la Comandancia de Madrid

La detenida, de 38 años y nacionalidad mexicana, es la esposa de un hombre -actualmente en prisión- que fue arrestado por la Guardia Civil en mayo de 2016 en la misma localidad madrileña como integrante de una red de captación y adoctrinamiento terrorista

El análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos en la operación desarrollada en mayo de 2016 por la Guardia Civil ha permitido poner de manifiesto su implicación en la difusión del ideario yihadista

Desde 2015, año en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA-4) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a un total de 183 terroristas yihadistas

Agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y del Grupo de Información de la Comandancia de Madrid, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción, Número 3, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, han detenido en Pinto (Madrid) a una mujer de 38 años, nacida en Monterrey (México), acusada de actividades de auto adoctrinamiento y enaltecimiento terrorista.

La investigación ha podido determinar la existencia de una estructura estable que desarrollaba una intensa labor de publicación y distribución de contenidos propagandísticos afines al terrorismo yihadista, a través de diversas plataformas web y aplicaciones de mensajería instantánea, desde las que realizaban llamamientos expresos a la participación en actividades terroristas.

La mujer detenida hoy experimentó en su ciudad de origen un rápido proceso de conversión al Islam, adoptando desde el principio una visión rigorista de dicha religión. Ya en el año 2010, todavía en su ciudad natal, dejó constancia de su profundo rechazo a su pasado católico y de su deseo de vincularse emocionalmente con un musulmán.

Tras contraer matrimonio con un hombre, -actualmente en prisión, que fue detenido en una operación de la Guardia Civil en la misma localidad madrileña, en mayo de 2016-  se agudizó su proceso de autoradicalización que la llevó a un aislamiento de la comunidad, con total ausencia de relaciones sociales ajenas al ámbito radical, limitando al máximo sus salidas del domicilio, siempre vistiendo el niqab y con una atención escrupulosa a las directrices del Islam más radical, para diferenciar entre las conductas permitidas (halal) y las prohibidas (haram).

En relación con su actividad en las redes, la detenida ejercía una clara influencia sobre un amplio grupo de contactos a los que incitaba a ejercer una labor proselitista. En este sentido, llegó a erigirse en figura muy relevante entre las mujeres de la Comunidad Islámica de su tierra natal, alentando a la yihad femenina y compartiendo material propagandístico, búsquedas realizadas en Google de México y acceso a perfiles de Facebook de musulmanes conversos originarios de Hispanoamérica.

En esta operación y otras recientes desarrolladas por la Guardia Civil, queda patente la importancia creciente de las mujeres en el aparato de propaganda de los grupos yihadistas, especialmente del DAESH, pasando de ser simples esposas o madres de combatientes, para adoptar un papel activo como difusoras del ideario yihadista y captadoras de nuevos adeptos.

Desde 2015, año en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA-4), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a un total de 183 terroristas yihadistas.

El Ministerio del Interior recuerda que, a través de la iniciativa STOP RADICALISMOS, los ciudadanos pueden colaborar a través de una serie de canales a su disposición para que, de forma confidencial y segura, notifiquen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aquellos posibles casos de radicalización en su entorno a través de la página web www.stop-radicalismos.es, la aplicación móvil de alertas de seguridad ciudadana Alertcops y el teléfono gratuito 900 822 066.

http://www.guardiacivil.es

Arrestan en Bilbao a un individuo que amenazó a varias personas al grito de «Alá es grande»

El detenido llevaba encima una navaja que no llegó a utilizar.

La Ertzaintza detuvo este jueves a un hombre que comenzó a lanzar gritos a favor de Alá en las inmediaciones de la estación del metro de Deusto, en Bilbao. Según del Departamento de Seguridad vasco, el arrestado, que llamó «infieles» a varios pasajeros de un vagón, llevaba una navaja oculta, aunque no la llegó a utilizar.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las doce del mediodía. El individuo, que se definió como un «hermano de Hassan, guerrero y soldado», fue detenido cuando salía a la calle después de haber amenazado a varios de los pasajeros del suburbano bilbaíno.

Su actuación provocó la estampida de decenas de personas que pasaban por los alrededores en el momento del suceso. Finalmente intervino la Ertzaintza, que, al cachearlo, descubrió que portaba una navaja.

El arrestado ha sido trasladado a dependencias policiales, donde se está intentando descubrir su identidad.  http://www.abc.es

Los alumnos de Secundaria de Castilla y León estudiarán la historia, evolución y consecuencias del terrorismo

Es una de las medidas que incorpora el proyecto de Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo, que incluye ayudas en sanidad, educación, vivienda y empleo.

Las víctimas del terrorismo «sufrieron un daño injustificado que nunca tuvieron que haber soportado, y la sociedad no supimos evitarlo». Es una de las justificaciones que soporta el Proyecto de Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León que ayer aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta y que hoy llega a las Cortes con el objetivo de recibir el visto bueno definitivamente. Pero no sólo es una cuestión del pasado, señaló el vicepresidente, José Antonio de Santiago-Juárez, mirando a la lacra que ha supuesto ETA en la historia de España, sino que en la actualidad «sigue existiendo una amenaza importante» de esta forma atroz de violencia, encarnada especialmente por el yihadismo. Por eso, esta norma tiene su razón de ser y con ella se busca, «fundamentalmente», «contribuir al reconocimiento y memoria de las víctimas». En Castilla y León 392 nombres marcados a sangre por el terror, 44 de ellos perdiendo la vida y 348 aún residen en la Comunidad, según los datos del Ministerio del Interior, aunque no hay un registro oficial.

Esta ley, explicó el también consejero de la Presidencia, pretende establecer medidas de atención y protección a las víctimas, dentro de las competencias de Castilla y León, pues también existe una ley nacional, de septiembre de 2011. Un texto con el que se ha «coordinado» -es el primero de una autonomía que se alumbra tras el nacional, aunque otras ocho ya tienen sus normas-, además de nacer del diálogo con la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad. El reconocimiento y atención integral a través de medidas de protección y actuación dirigidas a la reparación de los daños sufridos, así como el recuerdo y homenaje a todos aquellos que sufran el terrorismo es el «leitmotiv» que impulsa esta ley, que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se comprometió a sacar adelante.

La medida fue presentada en Consejo de Gobierno
La medida fue presentada en Consejo de Gobierno– F. HERAS

Así, incluye tanto medidas de apoyo como en recuerdo y memoria de las víctimas, entre quienes se incluyen no sólo las personas que sufrieron las garras del terror, sino también sus cónyuges e hijos y, en algunos casos, padres, abuelos, nietos y hermanos.

En esa labor en memoria de las víctimas, se fija que las administraciones públicas deberán «realizar y promover actos públicos de homenaje, recuerdo y reconocimiento», en los que «se procurará la presencia» del testimonio suyo «directo». Además, «velarán» por su dignidad «impidiendo», en el marco de sus competencias, «cualquier acto, manifestación o símbolo vejatorio o de humillación para las víctimas o de exaltación u homenaje a terroristas». Aunque, apostilló el vicepresidente, «afortunadamente» en Castilla y León «no» han existido este tipo de comportamientos. En definitiva, que «que no se sientan olvidados», resaltó De Santiago-Juárez, quien apuntó que se busca participar de forma conjunta e ir de la mano en transmitir un «relato veraz de lo que es el terrorismo».

Planes para la reinserción profesional

En este sentido, se incluye que bajo el título «Educación para la paz», se incluirá en el currículo educativo de enseñanza Secundaria la historia, evolución y consecuencias de las distintas formas de terrorismo. No tendrá forma de asignatura concreta y, por el momento, y hasta que estén aprobado esos programas, se elaborarán unidades didácticas a disposición de los centros.

En cuanto a las medidas de protección, dirigidas a las propias víctimas, cónyuges e hijos, incluyen sanitarias, educativas, asistenciales y de acceso a la vivienda. Así, por ejemplo, se contempla su derecho a recibir los tratamientos médicos, quirúrgicos y ortopédicos necesarios siempre que se acredite su necesidad y vinculación al atentado y no hayan sido cubiertos por el sistema público o privado; así como la atención psicológica. Un coeficiente corrector en el cálculo de la renta será de aplicación en las ayudas a las estudio, las víctimas tendrán servicio «gratuito» de comedor escolar; estarán exentas del pago de precios públicos por programas de conciliación familiar o enseñanzas especiales y tendrán «preferencia» en el acceso a las residencias de mayores. En materia educativa también fija que los centros docentes tendrán que contar con un sistema que permita la atención individualizada y facilite la continuación de los estudios que estuvieran realizando en el momento de sufrir el atentado.

También piensa en el acceso al empleo. Tendrán un tratamiento específico en los planes de reinserción profesional, programas de autoempleo o ayudas a la creación de nuevas empresas. Además, exime a las víctimas del pago de tasas en las oposiciones.

Los líderes abertzales reconocieron hace un año que actuaron bajo órdenes de la banda.

Hace solo un año y por primera vez, los jefes de Batasuna claudicaron por miedo a entrar en prisión y reconocieron lo que siempre negaron: que formaron parte de ETA y cumplieron órdenes de la banda terrorista en su labor política. Un paso inédito que llegó trece años después de que el juez Baltasar Garzón ordenara suspender las actividades de Batasuna y prohibiera todas sus actividades bajo el argumento de que formaban parte de ETA.

Los 35 acusados del último gran juicio contra el macroentorno de ETA -juzgados por intentar reconstruir la cúpula de Batasuna desde octubre de 2005 a 2009- reconocieron el 13 de enero de 2016 su integración en ETA y aceptaron penas bajas de prisión, que les permitió evitar ingresar en la cárcel. Los 35 implicados, además de reconocer el daño causado y reafirmar su apuesta por las vías pacíficas, aceptaron el relato de hechos expuesto por la Fiscalía y las asociaciones de víctimas, acusaciones privadas del caso.

Su intención era clara: dejar de entrar en prisión al ser condenados a penas inferiores a dos años. Para ello, pagaron el peaje de reconocer que trabajaron a las órdenes de ETA en el intento por levantar la cúpula de la ilegalizada Batasuna a través de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), una confesión que dejó en papel mojado el discurso histórico de la izquierda abertzale, que siempre ubicó su actividad en los cauces puramente políticos.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia valoraron que los batasunos reconocieron su servicio a ETA y tuvieron en cuenta una sentencia del Tribunal Supremo que rebajó las penas a diversos dirigentes abertzales por el tiempo transcurrido desde que comenzó la investigación hasta el juicio, una circunstancia que podría haberse repetido.

Tren de alta velocidad

Los jueces -que concluyen que Batasuna fagocitó las siglas de ANV y PCTV- profundizan en las raíces de la serpiente etarra y aseguran que la banda diseñó una estructura de frentes ya en 1967. ETA planeó desplegar su actividad en cuatro terrenos: el militar, el político, el cultural y el obrero. Para ello, creó plataformas por «cauces legales», que trataron de ocultar su «dependencia» de ETA. Así nació Herri Batasuna en 1978, ilegalizada en 2003.

El mejor ejemplo de este «desdoblamiento» (en los años por los que fueron juzgados los jefes de Batasuna) fue la campaña para impedir que el tren de alta velocidad llegue al País Vasco.

Sabotajes, pintadas, corte de cables, pinchado de ruedas y obstrucción de tubos de escape a los camiones hormigoneras de las empresas participantes en las obras, llevados a cabo por los miembros de Segi, los cachorros de ETA. En un comunicado, Segi aseguró que los implicados en las obras de la llamada «Y vasca» estaban «en el punto de mira del enfado popular».

En otro plano, los responsables de ANV y PCTV expresaron su oposición al proyecto impulsado por el Gobierno vasco y recogieron firmas en los municipios gobernados por sus siglas.

Las pistolas intervinieron el 3 de diciembre de 2008, cuando ETA asesinó en Azpeitia (Vizcaya) al empresario Ignacio Uría. El terrorista Beñat Aginagalde le descerrajó tres disparos al empresario, de 71 años, cuando Uría se dirigía al restaurante Kiruri para jugar la habitual partida de cartas con la cuadrilla. Padre de cinco hijos, Ignacio era consejero de la empresa Altuna y Uria, encargada del trazado ferroviario entre Arrazua y Legutiano.

A lo largo de 2016, otros dirigentes abertzales (Hasier Arraiz y 9 líderes de EKIN) también claudicaron y reconocieron que formaron parte de ETA.

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Trump aboga por recuperar la tortura y las cárceles secretas, según medios estadounidenses

El presidente de Estados Unidos ha asegurado que el «waterboarding» o ahogamiento simulado «funciona» para extraer información en los interrogatorios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el «waterboarding» o ahogamiento simulado, «funciona» para extraer información en interrogatorios a detenidos y ha avanzado que estudiará junto a miembros de su Gobierno si restaura ésta y otras prácticas de tortura. Ha afirmado, en una entrevista con ABC News, que «personas del máximo nivel de Inteligencia» le han reconocido que este tipo de técnicas funcionan, «sin duda». No obstante, ha evitado dar nada por sentado, en uno u otro sentido.

El mandatario ha dicho que «confiará» en las propuestas que le presenten el secretario de Defensa, James Mattis, y el director de la CIA, Mike Pompeo. «Si ellos quieren, trabajaremos hasta el final. Haré todo lo que pueda dentro de los límites que me permite la ley», ha añadido. Ha recordado las atrocidades cometidas por grupos terroristas como Daesh y ha advertido de que, por el bien de su seguridad, Estados Unidos debe «combatir el fuego con fuego».

Las palabras de Trump coinciden con la filtración a los medios del borrador de una supuesta orden ejecutiva que abriría la puerta a que la CIA utilizase de nuevo cárceles secretas en el extranjero y a las prácticas de tortura en interrogatorios. El texto, del que se hacen eco «The Washington Post» y «The New York Times», revocaría la decisión del anterior presidente, Barack Obama, de poner fin a los programas más controvertidos de la CIA y recuperaría una orden dictada en 2007 por George W. Bush que permitía, con matices, la operación de «rendición e interrogatorio». El portavoz de la Presidencia, Sean Spicer, no ha querido valorar el borrador al asegurar que «no es un documento de la Casa Blanca». «No tengo ni idea de dónde viene», ha dicho ante los periodistas que le han preguntado por el tema en rueda de prensa.

Cuando aún era candidato a la presidencia estadounidense, Trump ya pidió que se volviese a permitir el «waterboarding». Según el maganate norteamericano, es el método que se debería utilizar contra los militantes de Daesh. Durante el acto de campaña en Ohio, que se celebró horas después del atentado en el aeropuerto de Estambul el pasado mes de junio, declaró que se trataba de una forma de tortura que le gustaba mucho. Un comentario que justificó diciendo que «hay que pagar con la misma moneda».

El «waterboarding» consiste en dificultar la respiración de una persona hasta que sienta que está a punto de ahogarse. Puede hacerse colocándole una bolsa de plástico en la cabeza o en maniatarlo y, con las piernas suspendidas, meterle la cabeza en un líquido.

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Alfonso Sánchez: «La clave para reabrir casos de ETA es que hablen los presos»

La AVT protesta por los beneficios penitenciarios a etarras que no colaboran e incide en las extradiciones.

«Con cada extradición se pueden resolver diez atentados», asegura el presidente de la AVT.

Alfonso Sánchez tiene metralla en un costado, en el brazo y en la cabeza, además del tímpano derecho reventado. Preside la Asociación Víctimas del Terrorismo porque hace más de 30 años, el 9 de septiembre de 1985, iba en un microbús con quince compañeros guardias civiles cuando un coche bomba de ETA estalló a su paso por la Plaza de la República Argentina, en Madrid. Valora para ABC la reapertura del caso de «los novios de Cádiz», un doble asesinato prescrito que se vuelve a perseguir por el delito continuado de integración en organización terrorista que pudieron cometer los asesinos años después.

¿Qué valoración hace de esta decisión de la Audiencia Nacional?

Estamos encantados. Bienvenidas sean todas las vías legales posibles para resarcir a las victimas haciéndoles justicia, porque tienen una sensación de impunidad. Ahora bien, la vía que ha abierto la Fiscalía nos parece artificial.

¿Por qué?

Honradamente, lo que me dicen nuestros abogados es que se va a quedar en humo, por desgracia. Nosotros, hasta que no los tengamos trincados, no queremos vender humo, porque luego puede ser una decepción para las familias; el batacazo puede ser grande. Ahora aparece esta vía, la de reabrir utilizando el delito continuado de integración en banda armada, y nos preguntamos qué ha pasado en los últimos 30 años. Si esta vía es adecuada, ¿el resto de fiscales son tontos? ¿En la Audiencia Nacional son tontos por no haberlo visto antes?

El juez Ismael Moreno ha pedido un informe a la Policía y a la Guardia Civil sobre el atentado contra «los novios de Cádiz». Usted, que es Guardia Civil, ¿qué cree que pueden hacer las fuerzas de seguridad para esclarecer un crimen de hace 38 años?

Nos consta, ya nos ha llegado, que están trabajando en ello, pero en las investigaciones de esos años hay sumarios que se componen de una carpetilla con un único folio dentro, asesinatos con un folio de sumario. Nuestra abogada, Carmen Ladrón de Guevara, los ha visto.

Entiendo que para esclarecer un crimen tan antiguo, que se investigó sin los medios técnicos actuales, sería fundamental que algún preso de ETA diera información.

La clave es que hablen los presos, efectivamente. De ahí nuestra insistencia con los presos. ¿A qué están esperando? El que quiera un beneficio penitenciario, que colabore con la justicia, que eso está recogido en la vía Nanclares. Los pocos que se han acogido, diez o doce, no han colaborado. ¿Porque lleven cinco años sin matar hay que hacer política de puertas abiertas? Pues no. Estuve en el juicio a Txapote por el asesinato del brigada Mariano de Juan, que le pegaron un tiro en San Sebastián. El que estaba en el coche era Valentín Lasarte, que está acogido a la Vía Nanclares. Fue a declarar y no se acordaba de nada. Y Txapote, cuando le preguntamos por el arma que usó, contestó «no me fijo en esas cosas». Hay gente que no va a colaborar nunca, pero hay que intentar que delaten, incluso en los casos prescritos, porque las familias podrán cerrar su duelo conociendo el autor del asesinato.

¿Cuántos asesinatos de ETA no resueltos hay?

Sin contar los amnistiados, 324, de los que hemos conseguido la reapertura de 12, por lo que siguen quedando 312. Nuestro objetivo es intentar ayudar a las víctimas de ETA y que estos asesinos no se vayan de rositas, que no hagan borrón y cuenta nueva y blanqueen la historia de ETA. Ahora mismo la AVT está personada en 140 procedimientos, incluidos también los del terrorismo yihadista.

De esos 312, ¿cuántos habrían prescrito?

-No está claro, porque la prescripción depende de la valoración que se haga en cuanto a los delitos cometidos. Sobreseídos están unos 200.

¿Cuál es la estrategia de la AVT para la reapertura de casos?

Nos parece fudamental conseguir extradiciones, porque este procedimiento interrumpe la prescripción del delito. Además, cada extradición que conseguimos nos permite reabrir cinco, diez o quince casos. Así ha sido con la extradición del matrimonio etarra que vivía en México.

El presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keita, ha cifrado en al menos 60 los muertos en el atentado con coche bomba perpetrado este miércoles en una base militar en Gao (norte).

El suicida, según informaciones preliminares, detonó la carga explosiva que llevaba en su vehículo a la entrada del cuartel, donde estaban concentrados cientos de soldados malienses y combatientes de grupos armados afines entre sí. Testigos han explicado que la magnitud de la explosión, que causó una nube de polvo que cubrió toda la ciudad, provocó un gran caos en la urbe que se tradujo en el cierre de los locales comerciales y las escuelas. Una fuente militar en Gao ha explicado que las autoridades castrenses no descartan que los atacantes realicen otros asaltos en medio del pánico que reina en la ciudad.

Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado todavía el atentado, que es uno de los más sangrientos registrados en Mali, un país acostumbrado a la inestabilidad y donde la violencia es crónica. Precisamente este miércoles el Consejo de Seguridad de la ONU analiza un informe del Secretario General de Naciones Unidas acerca de la situación actual en Mali, que preocupa a la comunidad internacional.

Gao, la ciudad más grande del norte de Mali, es una de las zonas más inseguras del país y escapa al control del Gobierno central. Allí operan varios grupos yihadistas que atacan con frecuencia al Ejército y a las fuerzas de la ONU en la zona.

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DIFUSIÓN EN EL BLOG: @tiricia34

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