ESPAÑA: YAK-42 LO DIERON TODO MUIERON POR CULPA DE UN INÚTIL

 

El Consejo de Estado responsabiliza a Defensa del accidente del Yak-42

El alto órgano asesor dice que el ministerio tuvo indicios del riesgo que suponían estos vuelos y no se actuó:

No tendrá consecuencias económicas, pero es una gran victoria moral para las familias de las víctimas. Más de 13 años después, el Consejo de Estado ha reconocido oficialmente por vez primera la responsabilidad del Ministerio de Defensa, dirigido entonces por Federico Trillo, en el siniestro que costó la vida a 62 militares que regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003. El dictamen, que ya está en manos de la ministra María Dolores de Cospedal, reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en la mayor catástrofe de la historia moderna del Ejército español en tiempos de paz.

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“Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Dicho con otras palabras pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”, concluye el dictamen al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El informe, aprobado el pasado 20 de octubre por unanimidad de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno, que preside el exministro del PP José Manuel Romay Beccaría, supone un severo varapalo para los responsables del Ministerio de Defensa de la época, al determinar que el accidente pudo haberse evitado si estos hubieran cumplido con su deber de velar por las condiciones en que viajaban los soldados.

TRES SENTENCIAS POR LA CATÁSTROFE AÉREA

Demanda civil. Tras la anulación de un primer fallo, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza condenó el 11 de marzo de 2010 a la compañía UM Air, al brokerChampman Freeborn y a la aseguradora Busin a indemnizar a 291 herederos de las víctimas del accidente del Yak-42 de mayo de 2003. La Audiencia de Zaragoza y el Supremo ratificaron la sentencia.

Demanda penal. El Juzgado Central de Instrucción número 3 acordó en febrero de 2012 el sobreseimiento libre de los seis altos mandos militares imputados de un delito de imprudencia con resultado de muerte en relación con la contratación del avión Yak-42. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó en mayo de 2012 el archivo de la causa por considerar que no había delito.

Identificación de cadáveres. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó en mayo de 2009 al general médico Vicente Navarro a tres años de prisión y a los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez a un año y seis meses por un delito de falsedad en documento oficial al haber falsificado las identificaciones de 30 de los 62 militares fallecidos. El general murió sin cumplir condena y los comandantes fueron indultados.

El dictamen puede parecer contradictorio con el hecho de que la Audiencia Nacional archivase la causa abierta contra media docena de mandos militares —incluido el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno Barberá— por entender que los hechos no eran constitutivos de delito. Sin embargo, el dictamen se remite al propio auto de archivo, que concluyó la “ausencia de responsabilidad penalmente relevante, nunca la de cualquier otra responsabilidad de naturaleza diversa”. Es decir, el hecho de que no hubiera delito no implica que no hubiese ninguna responsabilidad. Y la que aprecia el dictamen es la patrimonial del Estado, dentro de un expediente administrativo que se abrió en 2004 y cuya tramitación quedó paralizada hasta que se agotó la vía judicial, en 2014.

Para llegar a la conclusión de que el Estado fue patrimonialmente responsable, se basa en los hechos probados por los tribunales, aunque con un enfoque muy diferente. Coincide en que la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotos, tras 22 horas de vuelo, y el hecho de que no hubieran recibido formación para afrontar este tipo de situaciones, lo que les llevó a desorientarse y estrellar el avión contra el monte Pilav, cuando se disponían a hacer escala en Trabzon (Turquía).

Pero, frente a la tesis de los entonces responsables de Defensa de que no tenían ninguna responsabilidad sobre las condiciones en que volaban los soldados, ya que esa función correspondía a NAMSA, con la que se contrataron los vuelos, el Consejo de Estado sostiene que de dicho contrato no se deduce en absoluto “un total y completo traslado de responsabilidades” a la citada agencia de la OTAN. Y no puede serlo, añade, porque vulneraría la legislación española, que impone al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, más aún en actividades de riesgo.

Pretender que el Estado podía desentenderse de su obligación de garantizar en todo lo posible la seguridad de militares a los que había enviado a cumplir una misión de alto riesgo a Afganistán y trasladarla a un tercero “no parece compatible” con la ley, concluye el Consejo de Estado.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa no solo no fue proactivo a la hora de garantizar la seguridad de las tropas, sino que ni siquiera reaccionó ante las señales de alarma. Frente a la afirmación de Trillo de que las únicas quejas recibidas antes del siniestro se referían a incomodidades o retrasos, el dictamen subraya la importancia del informe secreto del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (CISET) que, el 28 de abril de 2003, casi un mes antes del accidente, advertía: “Se están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, su mantenimiento es como mínimo muy dudoso”.

Defensa intentó descalificar este informe alegando que su autor no tenía “ningún conocimiento en seguridad aeronáutica o mantenimiento de aeronaves”, pero el Consejo de Estado replica que esa advertencia era suficiente para desencadenar “una comprobación o verificación” de su denuncia. “Desgraciadamente los hechos se encargaron de demostrar que sus valoraciones no estaban alejadas de la realidad, cualquiera que sea la opinión sobre los conocimientos del autor”, se lamenta.

En conclusión, dictamina que las víctimas del Yak-42 sufrieron un daño que trasciende el riesgo consustancial a la profesión militar y que “no tienen el deber jurídico de soportar”, por lo que el Estado es patrimonialmente responsable. Pero rechaza indemnizarles por considerar que las sumas satisfechas en los últimos 13 años han supuesto una reparación adecuada, en la medida en que ello es posible. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, tendrá que decir la última palabra.

LA CADENA DE SUBCONTRATACIONES AFECTÓ A LA SEGURIDAD

M. G.

Cuando el sucesor de Trillo al frente de Defensa, José Bono, visitó en mayo de 2004 el lugar del accidente, se comprometió ante los familiares de las víctimas del Yak-42 a aclarar la verdad. Bono impulsó las pruebas de ADN que permitieron comprobar que las identidades de 30 de los cadáveres eran falsas y ordenó investigar la maraña de subcontrataciones que rodeó la el flete del avión. Ello permitió saber que de los 149.000 euros pagados por el Yak-42 sólo 38.442 dólares (unos 36.500 euros) los cobró la compaía que operó el avión, UM Air. El resto se lo embolsaron otros cuatro subcontratistas. Aunque Trillo calificó este sistema de “cadena de confianza” y el Consejo de Estado admite su legalidad, añade: “Es razonable pensar que esa progresiva disminución del precio afectó también a las condiciones exigidas al contratista”. Defensa alegó que NAMSA no le informó de las sucesivas subcontrataciones, pero sí supo con antelación que el avión era de Ucrania y el contrato obligaba a la agencia de la OTAN a autorizar caso por caso el flete de aparatos de países que no pertenecieran a la OTAN. No fue la única irregularidad: la caja negra que registra la voz en cabina (VCR) no funcionaba desde hacía 45 días, lo que dificultó la investigación y era motivo suficiente para prohibir despegar al Yak-42, y el seguro obligatorio de 75.000 dólares por pasajero nunca se suscribió. El Gobierno español se lo anticipó a los herederos con cargo a fondos públicos, pero nunca pleiteó para recuperar ese dinero. http://politica.elpais.com/

El Rey a Bono: “Hicieron lo que quisieron, sin que yo ordenara nada [del funeral]”

La Moncloa: “El jefe del Ejército de Tierra es muy odiado, debes ceder esa pieza”

General Alejandre: “Algunas familias están en el odio y otras solo quieren dinero”

La advertencia de Zaplana: “Vas muy deprisa y algunos en el PP te tienen ganas”

En mayo de 2004, el entonces ministro de Defensa, José Bono, que llevaba apenas un mes en el cargo, viajó a Trabzon (Turquía), donde un año antes se había estrellado el Yak-42. Con motivo del décimo aniversario del accidente, que se cumple mañana domingo, Bono ha facilitado a EL PAÍS el contenido de su diario de aquellos días, una parte del material en bruto del segundo tomo de sus memorias, que se publicará a finales de este año.

» Martes, 25-5-2004. Desde el Congreso a Torrejón. Vuelo a Trabzon (Trebisonda) en el Airbus oficial. Vienen el arzobispo castrense, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, y más de 30 periodistas.

Nos trasladamos hasta el hotel Buyuk, en la ciudad de Maçka. Ceno con 160 familiares de las víctimas del Yakovlev. Pretendemos que en la sala no haya periodistas, pero levanto la vista y veo a Miguel González, de EL PAÍS, que se ha colado. Hablo con las familias y me estremecen los sufrimientos que llevan acumulados por no saber la verdad de lo que ocurrió en el accidente. Se mezclan las emociones, los sentimientos y la rabia. Me llama la atención una mujer del barrio de San Pablo, de Albacete, que ha perdido a su hijo y que habla con hondura y con fuerza. Otra madre me dice que su hijo, capitán, se despidió de ella diciéndole: “Mamá, si me pasa algo no culpes al Ejército, porque yo me voy voluntario y el Ejército es mi vida”. Aprovecho esta confidencia para, en mis palabras al fin de la cena, citar a Azaña y pedir “paz, piedad y perdón” en nombre del Ministerio de Defensa. Una chica joven me increpa. “No estoy dispuesta a perdonar ni al ministro Trillo, ni al Jeme [Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Luis Alejandre] y no entiendo que usted les encubra”. Al acabar la cena, una señora de Canarias me cuenta cómo a su hijo le han enterrado en Alcantarilla (Murcia) pero que ella quiere llevárselo a su tierra. Mucha emoción y mucha fuerza sentimental. Me voy a dormir con la idea de que algunas familias no están dispuestas a perdonar sin investigación de los hechos. No soy el fiscal, ni el inquisidor pero no puede dejar de afectarme la ternura con la que me habla esta madre: “Mi hijo me quería de una manera especial, hasta el modo en el que me decía mamá me emocionaba, y usted debe comprender que quiera tener cerca sus restos mortales”.

» Miércoles, 26-5-2004. Las cadenas [de televisión] reproducen la parte del mi discurso en la que dije, refiriéndome a los 62 militares que perdieron la vida en el accidente del Yak-42: “Hubieran querido morir de otra manera, lo que no quisieron es vivir de otro modo que no fuera el del servicio a España”. Por ello se modificarán los versos que habitualmente se recitan en los actos fúnebres castrenses. Ya no se dirá “no quisieron morir de otra manera”, sino “no quisieron vivir de otra manera”. Es un pequeño homenaje a los que murieron en el Yakovlev (1).

Me levanto a las seis de la mañana y asisto a la misa que oficia el arzobispo castrense en el comedor del hotel. Me pide que lea la epístola de San Pablo. En el rito de la paz, observo que debo dársela a quien anoche con más firmeza rechazaba el perdón para los responsables de la muerte de su familiar. Le extiendo la mano y le pregunto: “¿Ni siquiera aquí, en misa, eres capaz de perdonar?” “Quiero la verdad y no pararé hasta conseguirla”, me responde. Al besarla, tomo internamente el compromiso de buscar la verdad de lo ocurrido con todas mis fuerzas y hasta el final. Cambio profundo y radical en mi posición ante el accidente: buscaré la verdad sin contemplaciones corporativas. Me alegra que haya sido asistiendo a misa y en el rito de la Paz.

Subimos por un camino complicado y difícil hasta el monte Pilav, donde se estrelló el Yakovlev hace hoy un año. La cumbre está cubierta por una niebla que casi impide la visión; un grupo de niños, vestidos pobremente y con pocas prendas de abrigo ha arrancado unas flores silvestres para entregárselas a los familiares de las víctimas del Yak. Las autoridades y la población de la zona se vuelcan en muestras de afecto hacia los apesadumbrados visitantes. Pancartas en castellano les dan la bienvenida. La gente está sentada en los bares y a la orilla de la carretera para ver pasar la expedición llegada desde España para llorar en el lugar donde murieron sus seres queridos.

Ya en Madrid, llama Miguel Barroso [secretario de Estado de Comunicación] para decirme que le han dado informaciones muy positivas sobre el viaje. “El Jeme es muy odiado por los familiares y a lo mejor tienes que ceder esa pieza”, añade. Efectivamente, tendré que cesar a Alejandre y así se lo digo por teléfono al presidente [José Luis Rodríguez Zapatero]. “Una de las razones de lo mucho que odian los familiares del Yak al Jeme”, le explico, “es porque, a los ocho días del accidente, escribió una carta a Pedro J. [Ramírez, director de El Mundo] a la que adjuntaba una foto en la que posaba sonriente a bordo de un Hércules [avión de transporte del Ejército] con el siguiente comentario: Los militares no organizamos viajes de novios a Cancún”. Semejante desparpajo dolió a los familiares: y no me extraña, porque una cosa son viajes de novios y otra meter a personas en aviones sin el más mínimo requisito de seguridad, pese a las protestas y reclamaciones previas.

» Jueves, 27-5-2004. Hoy publica EL PAÍS que he ofrecido un mausoleo conjunto para las víctimas del Yak-42 por los errores que, según todos los indicios, se cometieron en la identificación de los cadáveres. Esta oferta quizá no la acepten los familiares. Haré lo que ellos quieran, porque enterrar a los muertos es tarea, y derecho, de las familias.

Mi viaje a Turquía inquieta y molesta en el PP. Desean, y así me lo hacen saber, que me olvide del Yakovlev pero es imposible. [Eduardo] Zaplana [portavoz del último Gobierno de Aznar] me llama: “Vas muy deprisa y esto te puede perjudicar… En algunos círculos de mi partido te tienen muchas ganas”. Le contesto que, “precisamente por no ser duro con Trillo, estoy teniendo problemas con algunos familiares de quienes murieron en el Yakovlev”.

Escribo una carta a Trillo en la que le digo: “Ayer se cumplió un año del trágico accidente del Yak-42 y, coincidiendo con este aniversario, viajé con los familiares de los fallecidos a Turquía. Allí, durante una cena, pedí paz, piedad y perdón. Descanso en paz para los muertos; y piedad y perdón para quienes, sin mala fe, hayamos podido cometer algún error. Las familias quieren saber la verdad. Creo que tienen derecho a saber lo que pasó y por eso les he recibido y les he ayudado para que se practiquen las pruebas de ADN. Les seguiré ayudando, facilitándoles todos los medios a nuestro alcance, para que tengan la seguridad de que desde este ministerio les hablamos con la verdad y con el corazón. En diversas ocasiones he dicho sobre este asunto que solo quiero honrar la memoria de los muertos con el honor que merecen y disminuir el dolor de sus familiares. Expresamente he declarado que no quiero ser ni inquisidor ni justiciero porque en mi código ético y político no cabe alentar el odio…”

Llego a Zarzuela para asistir a la misa en honor de los Caballeros Laureados de la Orden de San Fernando. Hablo a los Jemes [Jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos] del Yakovlev. Les hago saber lo que los familiares piensan del Jeme [Alejandre] y de Trillo. El Jeme, dolido, asegura que “con algunas familias es imposible hacer nada porque están instaladas en el odio y otras solo quieren humillar al Ejército y conseguir dinero”.

El rey Juan Carlos, durante el funeral celebrado en la base aérea de Torrejón por los 62 militares españoles en el accidente del Yak-42.ampliar foto
El rey Juan Carlos, durante el funeral celebrado en la base aérea de Torrejón por los 62 militares españoles en el accidente del Yak-42. MIGUEL GENER

El Rey me comenta: “Lo estás haciendo bien con las familias…” Le digo que el funeral estuvo mal organizado y, para conocer su opinión, añado: “Algunos aseguran que se hizo una ceremonia única y rápida para que los Reyes pudiesen asistir a un solo funeral y no incomodarles con varios actos fúnebres diferenciados”. “¡Eso es mentira!”, me contesta el Rey. “Yo no voy a la ópera, pero para actos militares no me tienen que insistir…Hicieron lo que quisieron, sin que yo ordenara nada”.

» Jueves, 1-7-2004. Cena en casa de un amigo. Un dirigente del PP me advierte: “Rajoy dice que nos estamos portando muy bien contigo y que tú eres el ministro que más daño nos hace, pero tenemos mucha información tuya y te vamos a empapelar como sigas con el Yakovlev… el almirante Torrente [Francisco Torrente Sánchez, secretario general de Política de Defensa con Bono y jefe de la Armada con Trillo] es un traidor que no ha sido leal con ningún ministro y que tampoco lo será contigo”. Paco Torrente es, desde mi punto de vista, uno de los mejores soldados de España.

» Viernes, 2-7-2004. Comida con Carlos Ripollés, Alfonso Agulló [hermanos de dos militares muertos en el siniestro] y el abogado de la Asociación de Familiares. Me dan información detallada y un dossier muy completo sobre el caso que ratifica las tropelías que se hicieron con nuestros soldados al obligarles a viajar en condiciones en las que nunca debieron hacerlo y, después, la desvergüenza con que trataron sus cadáveres.

» Miércoles, 1-9-2004. Recibo el informe del Instituto Anatómico Forense sobre las identificaciones del Yak-42. Se confirma por escrito lo que ya sabíamos: las 30 identificaciones de cadáveres realizadas por los forenses españoles son falsas. ¡Qué desastre! Ni siquiera el azar ha estado de parte de estos negligentes.

» Miércoles, 13-10-2004. Voy al Estado Mayor de la Defensa con el director de mi gabinete, Roberto López, para recabar datos del Yakovlev. Estoy harto de que no me entreguen la documentación que pido; sé que la tienen por un informe del CNI [Centro Nacional de Inteligencia]. Aprovecho que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa [Félix Sanz] comparece en una Comisión del Congreso para, en su ausencia, no comprometerlo. Me reúno con el Jemacon [Jefe del Estado Mayor Conjunto] y con otros oficiales. Les noto en guardia, recelosos. Ellos no se fían de mí y yo no me fío de ellos. Después de una hora de conversación y de poner de manifiesto sus contradicciones les digo que “en el Yakovlev no se transportaba ganado sino militares españoles y debo decirles que esta casa no actuó con la diligencia debida”. Están sobre ascuas. Pregunto dónde están los archivos del Yakovlev y me bajan hasta un despacho donde hay un armario cerrado. Dicen que la llave la tiene un comandante que hoy no ha venido porque está enfermo. Fuerzo el armario. Saco papeles y yo mismo voy seleccionando los que me interesan. Me llama la atención la escasa diligencia con la que han archivado esta documentación. Empiezo a colocar documentos en una caja. Un coronel (2) me dice que tiene órdenes de que de allí no salgan papeles sin la debida custodia. Le miro con enfado y le ordeno: “Llame a la Guardia Civil para que los conduzca y custodie hasta mi despacho”. Es una manera de mostrar que no me fío de ellos y que prefiero a la Guardia Civil. No pienso dar un paso atrás. Me llevo los documentos que son muy importantes para acreditar que el Estado Mayor de la Defensa tuvo gran responsabilidad en la contratación de un avión al que nunca debieron subir nuestros soldados. Esa documentación acredita que nunca se contrató la prima del seguro para los pasajeros, por lo que el Estado tuvo que abonarlo; que hubo hasta seis subcontrataciones sucesivas; y que, como consecuencia de esta cadena de intermediarios, Defensa pagó 149.000 euros por el vuelo del Yak-42 pero la compañía que operaba el avión solo recibió 45.000. ¿Quién se quedó con la diferencia? ¿Sucedió lo mismo en los más de 40 vuelos anteriores contratados para el transporte de las tropas españolas?

 

(1) Lo demandó el honor y obedecieron.

Lo requirió el deber y lo acataron,

Con su sangre la empresa rubricaron,

Con su esfuerzo la Patria engrandecieron.

Fueron grandes y fuertes, porque fueron

Fieles a los ideales que abrazaron.

Por eso, como valientes lucharon,

Y por eso como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino,

Querer a España su pasión eterna,

Servir a los Ejércitos su vocación y sino.

No pudieron servir con más grandeza,

No quisieron andar otro camino,

No quisieron vivir de otra manera.

(2) Por esta causa, Bono se negó a ascender al coronel en las tres ocasiones en que se lo propuso el Ajema (Almirante jefe de la Armada). Hoy es general. Bono apeó la hostilidad y lo ascendió como última decisión antes de dejar Defensa. Personalmente se lo comunicó al interesado desde el salón del Consejo de Ministros el 7/04/2006 http://politica.elpais.com/

Militares muertos en el accidente del Yak-42 fueron enterrados sin identificación fiable

La identificación de los 62 militares españoles muertos en el accidente del Yak-42 el pasado 26 de mayo de Trabzon presenta numerosos puntos dudosos. Un documento incluido en el sumario que se instruye en Turquía y firmado por los dos generales españoles que dirigieron la repatriación de los cuerpos afirma que 30 cadáveres estaban aún sin identificar. El documento está firmado a las 2.20 del 28 de mayo, pocas horas antes de que salieran hacia España los tres aviones con los féretros. El documento revela también que las autoridades turcas tomaron muestras de tejido para realizar pruebas de ADN a los familiares. Éstas se conservan en Estambul, junto a restos humanos cuya identidad se ignora todavía.

Varios de los 62 militares españoles muertos en el accidente del Yak-42, el pasado 26 de mayo en Trabzon (Turquía), fueron enterrados o incinerados sin que se hubiese acreditado su identidad de modo fiable. Así se deduce del documento “Protocolo de Examen de Cadáveres, Autopsia e Identificación” incorporado al sumario que se sigue en Turquía por el accidente del avión de la compañía ucrania UM-Air.

El documento está firmado por 23 personas, entre ellos siete fiscales, cuatro médicos, un dentista, un biólogo y los dos representantes del Ministerio de Defensa español: el general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, subdirector general de Política de Defensa, y el general médico Vicente Navarro.

Son los dos generales españoles quienes, según el documento, y a preguntas del fiscal turco, declaran que han conseguido determinar la identidad de 32 de los cadáveres, basándose “en factores identificativos como sus objetos personales, su graduación militar, sus chapas de identidad, sus pasaportes, su documentación militar y sus nombres sobre sus uniformes”. Tras enumerar las identidades de 32 cuerpos, contenidos en otras tantas bolsas numeradas, los dos generales agregan: “Además, hemos identificado y determinado que los cadáveres [contenidos en otras 30 bolsas numeradas] son ciudadanos españoles (nuestros soldados), aunque no sabemos sus nombres [y] solicitamos que nos sean entregados [y] garantizamos que realizaremos todos los trámites necesarios para la entrega a sus familias y asumimos la responsabilidad de estos cadáveres una vez que nos sean entregados”.

El documento en el que los dos generales declaran desconocer la identidad de 30 de los cadáveres de los soldados españoles está fechado a las 2.20 de la madrugada (hora local) del 28 de mayo de 2003, menos de 48 horas después del siniestro. El sumario que se sigue en Turquía por el caso Yak-42 incluye también el certificado de entrega y recepción, por parte de las autoridades españolas, de 32 cadáveres identificados y de 30 bolsas conteniendo cuerpos de militares sin identificar, fechado a las 2.30.

Las dudas sobre la identidad de los militares se podían haber despejado con la realización de pruebas de ADN, lo que habría demorado la repatriación no más de cuatro días, según los expertos.

El protocolo antes mencionado explica que los forenses turcos tomaron muestras de los tejidos de los 62 cuerpos con el objetivo de “realizar un estudio comparativo entre los análisis de ADN de los cadáveres y los de los familiares si se envían [desde España] en caso de que se soliciten”.

Sin embargo, las muestras de los familiares nunca fueron enviadas. Un informe remitido por Defensa al Congreso explica que, “por parte de la Dirección General de Sanidad del Ejército de Tierra, y como medida preventiva, alguna unidad procedió a avisar a algunas familias para que estuvieran preparadas por si fuera necesario realizar alguna toma de sangre para posterior reconocimiento [de ADN]”. Sin embargo, agrega, “esta medida se canceló al recibir información de cómo se iban recuperando los cadáveres y de su estado”. También, pocas horas después del accidente, se alertó “al equipo de especialistas de la Guardia Civil para que se trasladase a Turquía con fichas dentales y equipo para comprobación de ADN”. Pero la alerta se anuló el día 27 con el argumento de que era innecesaria.

Según el informe que elaboró el general Beltrán a su regreso de Turquía, los primeros féretros, con los cuerpos herméticamente cerrados en cajas de cinc, fueron enviados al aeropuerto de Trabzon, para su traslado a España, a las cuatro de la madrugada del día 28, sólo una hora y media después de su entrega a las autoridades españolas. Los tres aviones Hércules del Ejército del Aire que repatriaron los cadáveres despegaron a las 6, las 7 y las 8.30 (una hora menos en la España peninsular), respectivamente.

Tras el funeral celebrado esa misma tarde en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), en medio de una gran tensión, los restos de los militares fueron entregados a sus parientes. Varias familias pidieron, según aseguran, que se les permitiera abrir el ataúd, pero Defensa se negó. Nadie fue requerido para que identificase ningún cadáver.

Varias familias reclamaron posteriormente la entrega de los objetos que habían servido para identificar a los militares, pero no lo consiguieron. Según les respondió Defensa, “fue decisión del juez turco que los objetos que llevaban encima los cadáveres como anillos, placas o documentación, así como el uniforme, y que habían facilitado la identificación, quedasen depositados dentro de los féretros, junto con los cadáveres, en relación a su regreso y enterramiento en España”.

La tesis de Defensa, y así consta en numerosos informes, es que “el estado de los restos era aceptable para su filiación”, incluso mediante fotografías. Esta afirmación contrasta con el escrito de la Fiscalía de Trabzon, en el que se dice que fue necesario pedir el apoyo de cinco expertos forenses por “el hecho de que los cadáveres estuviesen destrozados, la dificultad e importancia de la identificación y, como consecuencia, la necesidad de estudiar los tipos de ADN”.

Una prueba del estado en que quedaron los cuerpos es el hecho de que se recogieran en el lugar del accidente nueve piezas humanas que no pudieron ser atribuidas a ninguno en particular y que lo que inicialmente se clasificó como dos cadáveres distintos resultara ser posteriormente dos partes de una misma persona.

Con un comportamiento muy profesional, las autoridades turcas tomaron muestras de las nueve piezas de cuerpos y, junto a las de los 30 no identificados, las remitieron al laboratorio de medicina forense de Estambul, para realizar también pruebas de ADN. Hasta el día de hoy, el Ministerio de Defensa no ha informado a las familias de los fallecidos de que existe esta posibilidad.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de marzo de 2004. http://elpais.com/

La infamia de las identificaciones del Yak-42 con “autopsias light”

Federico Trillo y un grupo de militares urdieron una cadena de mentiras sobre la identidad de los soldados muertos en el accidente para cerrar el caso.

El general responsable del reconocimiento de los cadáveres admitió que las autopsias habían sido “visuales o light” y la jueza ordenó la exhumación.

La historia de la identificación de los 62 cadáveres de los militares españoles que fallecieron en el accidente del avión Yak-42 en Turquía en 2003 pasará a la historia como una prueba más de la escasa moral de unos dirigentes políticos y mandos militares que trataron de ocultar la verdad para cerrar lo antes posible un caso frente al sufrimiento de los familiares de las víctimas.

La actuación del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, estuvo plagada de engaños, artimañas y presiones para desviar el foco sobre su responsabilidad y la actuación de su gabinete. Un funeral rápido con honores y desfiles y a pasar página. La insistencia de los familiares mediante recursos judiciales y la publicación en varios medios de comunicación del acta turca, firmada por los generales Vicente Navarro y José Antonio Beltrán, donde se recogía que 30 cadáveres no fueron identificados, hizo posible la reapertura judicial y la condena de tres militares.

Las sospechas comenzaron cuando un día después del accidente el teniente general José Antonio Beltrán anunció desde Turquía que prácticamente todos los cuerpos estaban identificados a la vez que se mostraban los restos calcinados de soldados entre el fuselaje del avión desperdigado por el monte Pilav de Trabzon. “¿Por qué tanta prisa?”, fue la pregunta que cundió entre las familias de las víctimas.

Cuando los familiares empezaron a pedir los objetos personales de los militares la respuesta de Defensa fue que “el juez turco decidió que los objetos que llevaban los cadáveres y permitían su identificación quedasen depositados dentro de los féretros en relación a su regreso y enterramiento en España”.

La juez Teresa Palacios aceptó exhumar los cuerpos de los militares tras escuchar la declaración del general Navarro, encargado de las identificaciones de los cadáveres. El general reconoció que “no se realizó ningún acto médico, aunque sí una autopsia visual o light“. Los militares fueron repatriados sin que se hubieran realizado las autopsias de identificación, sin certificado de defunción ni la documentación necesaria para el traslado. La exhumación de los cuerpos mal identificados fue solicitada por el fiscal Fernando Burgos.

Dos capitanes médicos del Ejército que se trasladaron a Turquía tras el accidente declararon en la Audiencia Nacional que sólo contaron con batas y guantes de látex para identificar y repatriar los cadáveres. No se envió desde España a ningún forense.

Exhumación y errores

La exhumación dio prueba de la ignominia de los responsables de Defensa. Se confundió a un sargento de piel blanca con el cuerpo de un cabo primero de piel negra. Llegaron a meter restos de tres cuerpos diferentes en un solo féretro. El Ministerio aseguró que se consiguió hacer la identificación por los uniformes militares, las placas identificativas y los objetos personales. Habría que preguntarse por qué se entregó a una familia el cuerpo de un soldado con identificación del Ejército del Aire cuando era de Tierra o cómo posteriormente un forense acreditó que en uno de los ataúdes había un cuerpo donde el pie izquierdo calzaba una bota del número 43 y el derecho tenía otra del número 45.

Francisco Cardona, padre de una de las víctimas, señaló que su hijo, como otros tantos, “iba vestido de civil”. Cardona no se cansó de repetir que cinco meses después del accidente viajaron con un grupo de familiares al lugar del accidente y un imán de la zona le entrego dos chapas metálicas que encontró en la zona del accidente. Su desesperación se agigantó cuando él mismo encontró objetos personales de los soldados muertos sobre la ladera del monte.

Cuando se exhumaron los cadáveres no tenían alianzas ni contaban con objetos personales que permitieran su identificación. Solo uno tenía un anillo con una inscripción y tampoco sirvió para identificarlo. ¿Quién se los quitó? No se aclaró si fue un robo o una destrucción de pruebas. Defensa en su momento se negó a la petición de las familias para que se abrieran los féretros. Posteriormente culpó a la Justicia turca. Fue otra mentira más. Abogados turcos confirmaron que era imposible que un juez negara a las familias que vieran los cuerpos.

Francisco Javier Jiménez Ugarte, entonces director de Política de Defensa, y el general Navarro negaron que se hubieran recogido pruebas de ADN con la excusa de que el estado de los cuerpos era bueno. Otra falsedad. Los forenses turcos detallaron en su acta que los cuerpos destrozados de los militares les llevaron a hacer pruebas de ADN para su identificación. 

El Ministerio de Justicia turco dejó constancia en un informe de las prisas de los militares españoles en cerrar el asunto. Estuvieron con la identificación de los cadáveres poco más de tres horas y media.

Cuando el juicio quedó visto para sentencia, el general Navarro lanzó una explicación como velada disculpa: “Procuramos dulcificar las circunstancias de una muerte absolutamente indescriptible para que esas familias que ya han perdido al ser querido no sigan torturándose”. La tortura continúa 13 años después, cuando el Consejo de Estado considera responsable del accidente al Ministerio de Defensa.

Militares condenados

En 2009, el tribunal que presidía el juez Javier Gómez Bermúdez condenó al general Vicente Navarro, por un delito de falsedad de documento oficial a tres años de cárcel y dos años de inhabilitación. El comandante José Ramón Ramírez y el capitán Miguel fueron condenados como cooperantes a un año y medio de prisión cada uno y un año de inhabilitación. Además, debían indemnizar a los herederos de cada uno de los 30 militares mal identificados con 10.000 euros.

La sentencia fue clara respecto al general Navarro:  “Era consciente de que sólo a 32 de los 62 cuerpos se les había podido asignar una identidad tras los exámenes realizados conjuntamente por turcos y españoles”. De esta manera procedió “de forma aleatoria” a atribuir identidades que “resultaron ser falsas” a los 30 cuerpos restantes. Sobre los otros dos militares, la sentencia señala que  “con la excusa de dulcificar la descripción de las lesiones, omitieron conscientemente aquellas que podían fácilmente despertar recelos o dudas sobre el proceso de identificación”.

El general Navarro nunca llegó a entrar en prisión por una grave enfermedad y falleció en 2010. Los dos otros militares no entraron en prisión al ser su condena inferior a dos años. En 2012, el Gobierno del PP les concedió el indulto parcial a su condena de inhabilitación por lo que ambos siguen con su carrera militar.    

El extesorero del PP Luis Bárcenas  declaró en la Audiencia Nacional que dio dinero de la caja B del PP  a Trillo para pagar la defensa de los militares acusados en el accidente. 

Francisco Javier Jiménez Ugarte, entonces director de Política de Defensa, es hoy embajador de España en Suecia. El exministro Federico Trillo es embajador de España en el Reino Unido. http://www.eldiario.es/

Rajoy, tras el dictamen sobre el accidente del Yak-42, afirma que el caso «está sustanciado judicialmente»

El PSOE exige la dimisión de Trillo como embajador y las comparecencias de los ministros Cospedal y Dastis.

Un informe reconoce oficialmente la responsabilidad del Ministerio de Defensa en el accidente ocurrido en 2003.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que no ha «visto» el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa que dirigía Federico Trillo del accidente del Yak-42 que costó la vida a 62 militares españoles en 2003, si bien ha recalcado que ese asunto «ya está sustanciado judicialmente».

El informe de Consejo de Estado que ha publicado el diario «El País» reconoce oficialmente la responsabilidad del Ministerio de Defensa al señalar que hay hechos anteriores a la fecha del siniestro en los que «pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría».

Rajoy ha asegurado que no sabía que el Consejo de Estado había «sacado» un dictamen sobre el Yak-42 y que no lo había «visto» cuando varios medios le han preguntado durante su marcha matutina por Pontevedra, donde está pasando unos días de vacaciones.

«¿El Consejo de Estado ha sacado un dictamen sobre eso. No lo he visto. Pero yo creo que eso ya está sustanciado judicialmente lo que había que sustanciar. Ocurrió hace muchísimos años», ha enfatizado el jefe del Ejecutivo en declaraciones recogidas por Europa Press.

El dictamen del Consejo de Estado, aprobado el 20 de octubre por unanimidad, coincide con los tribunales en que la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotos, si bien apunta que del contrato que se suscribió con la NAMSA no se deduce «un total y completo traslado de responsabilidades» a la citada agencia de la OTAN.

Asimismo, destaca que el informe del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército en el que se advertía de «altos riesgos» de transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, era suficiente para desencadenar «una comprobación o verificación» de la denuncia.

Críticas al Gobierno

Por su parte, el PSOE ha exigido «el cese fulminante» del embajador en Londres, Federico Trillo. En un tuit, los socialistas han pedido que Trillo sea apartado de su cargo y, además, han pedido que los actuales ministros de Defensa, María Dolores de Cospedal, y de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, comparezcan también de manera «urgente» en el Congreso.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha rechazado la petición socialista con el argumento de que el desempeño actual de Trillo «es distinto» al de hace dos décadas. El popular ha recordado que los ministros de Defensa de los distintos gobiernos han velado «por la seguridad de las tropas» y ha añadido que tanto el PP como la sociedad valora «tremendamente» la institución del Ejército, que desarrolla una «labor discreta, callada y a veces no reconocida».

Asociación de víctimas

Desde la Asociación de Familiares de Víctimas del Yakolev 42 han destacado el respaldo moral que supone el informe del Consejo del Estado conocido hoy. Miguel Ángel Sencianes, presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas y hermano del sargento José Manuel Sencianes, de Zaragoza, fallecido en el accidente, ha pedido una reunión inmediata con la ministra de Defensa.

«Ahora hay que reparar el daño, no queremos hablar de indemnizaciones sino de perdón. ¿Quién lo va a pedir? y ¿quién va a asumir esta responsabilidad?», ha afirmado. Para conocer todo esto, ha anunciado el envío al Ministerio de Defensa de un burofax para poder reunirse con la ministra, a la que las víctimas quieren plantear todo lo que ha pasado durante estos trece años y para que el Ministerio les expliqué a su vez «cuál es su posición actual».

Además, «en cuanto se pueda», según ha avanzado, acudirán a los tribunales para reclamar no solo los contratos del aparato siniestrado, sino todos los anteriores firmados por Defensa. Pretenden, según ha dicho, «demostrar que esta forma de contratar de la administración no solo provocó la muerte de 62 personas, sino que a lo mejor enriqueció a alguno», ha afirmado.

MIÉRCOLES, 4 DE ENERO DEL 2017 – 11:33 CET

Después de que el PP y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, blindara este martes al exministro de Defensa y actual embajador en el Reino Unido, Federico Trillo, la Asociación de Familias de Víctimas del Yak 42 sigue pidiendo su destitución, esta vez también por internet. Los familiares han emprendido una campaña de firmas en la plataforma web Change.org para conseguir el cese de Trillo de su actual cargo como represente del país en Londres, lo que consideran una “ofensa”.

El informe del Consejo de Estado difundido ayer señala al ex ministro de Defensa como responsable del accidente aéreo en el que murieron 62 militares españoles cuando volvían de Afganistán en mayo del 2003. El documento explica que la tragedia podría haberse evitado si el ministerio hubiese tenido en cuenta las múltiples advertencias que alertaban del “pésimo” estado del avión. Según este, Trillo “tuvo indicios del riesgo que suponían estos vuelos” pero “decidió de forma irresponsable no actuar“.

Por ello, los familiares del Yak-42 piden la dimisión “inmediata” ya que aseguran que “mintió” en sede parlamentaria y “culpó” al Estado Mayor de la Defensa del accidente “con una clara dejación de sus propias funciones”. Hasta el momento, la petición ha sido apoyada por más de 18.000 personas. http://www.elperiodico.com/

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