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Madrid: Cifuentes mantiene los cuidados paliativos en manos religiosas a base de prórrogas

La llegada de Cristina Cifuentes a la Comunidad de Madrid no ha frenado la relación entre los Gobiernos populares y la Iglesia. Una vinculación que se puede apreciar en los contratos -a golpe de prórrogas a dedo- que se han adjudicado en este 2016 a cinco órdenes religiosas para seguir encargándose de un servicio parcialmente privatizado hace ya varios años: los cuidados paliativos. Y todo mientras se espera la nueva redacción del contrato público que ha caído en el olvido de la Consejería de Sanidad.

Una amistad que viene de lejos, pero que en 2010 vivió su último affaire. Un año en el que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre insistió en deshacerse de parte de los cuidados paliativos por medio de convenios (la mayoría de los pacientes, como recoge la Memoria del SERMAS de 2015 fueron a parar a camas concertadas). Adjudicando 36 millones de euros a seis entidades privadas, la Comunidad de Madrid ‘se olvidaba’ de este servicio público durante seis años. Una oportunidad que no fue desechada por la Fundación Vianorte Laguna SL, el Hospital Beata María Ana de Jesús, la Fundación Instituto San José, la RR.CC Camilos-Residencia Asistida San Camilo, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Hospital Infantil San Rafael y la Clínica SEAR SA. Todas empresas religiosas, menos la última de las citadas.

Seis años después, la patata caliente ha recaído sobre el Ejecutivo que dirige Cifuentes. ¿Persistir con la privatización o acabar con estos contratos y que el servicio sea completamente público? Una elección que ya ha resuelto la Comunidad de Madrid, según recogió en febrero el medio Religión Confidencial, pese a no haber noticias de la nueva adjudicación. “La Consejería de Sanidad está trabajando en un nuevo concurso público para descongestionar los hospitales públicos de Madrid con el objetivo de que pacientes crónicos, paliativos o con daño cerebral, sean atendidos de manera gratuita en los centros privados”, publicó el portal web después de contactar con la Consejería de Sanidad.

Sin embargo, varios meses después –el contrato finalizaba a finales de febrero-, la Comunidad de Madrid se ha lanzado a un método “irregular”, tal y como lo definen desde Podemos a ElBoletín.com: la acumulación de prórrogas urgentes de tres meses con un procedimiento negociado sin publicidad, es decir, a dedo. El 1 de abril, la Consejería de Sanidad, “debido al interés público suscitado por la imposibilidad de dar cobertura con medios propios al total de necesidades de esta actividad asistencial”, lanzaba un proceso urgente para ver qué sucedía con el contrato finalizado. Finalmente, el 29 de abril, las mismas empresas de 2010 se hacían con la prórroga temporal por un total de 2.234.937 euros.  Algo que se repetiría pasado el verano.

El 3 de octubre de este 2016, la Consejería de Sanidad ordenaba, igualmente por un procedimiento urgente y negociado sin publicidad por tres meses, una nueva prórroga. Un proceso que el 31 de octubre culminaría exitosamente para las seis empresas (cinco religiosas) por el mismo importe que en abril: 2.234.937 euros. De esta manera, mientras el nuevo contrato público definitivo brilla por su ausencia, la Comunidad de Madrid ya ha adjudicado en los últimos meses cerca de 4,5 millones de euros a dedo a estas entidades para hacerse cargo de los cuidados paliativos.

Un “déficit” en los cuidados paliativos
 
Con esta prolongación, estas seis empresas se están encargando de facilitar un total de 160 camas dedicadas a unos cuidados paliativos en Madrid que, como sentenció en la Asamblea de Madridel expresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Álvaro de la Gándara Castillo, son insuficientes “porque el número de recursos no llega absolutamente al cien por cien de los pacientes”.

“Los pacientes, cuando no pueden ser cuidados en casa desde el punto de vista funcional o porque no tienen apoyo familiar o escaso apoyo familiar, se derivan a estos centros de media y larga estancia; los hay públicos y concertados y funcionan muy bien, pero me parece que son 150 camas en total de los concertados y unas 40 de los públicos. Estos centros tienen una muy irregular distribución geográfica”, sentenció Gándara Castillo en referencia a los hospitales de Virgen de la Poveda, La Fuenfría y Guadarrama que son los únicos que cuentan con camas de media-larga instancia para tratar prolongadamente a los enfermos terminales.

De hecho, como denuncia Mónica García, portavoz de Podemos en la Comisión de Sanidad en el Parlamento regional, la Comunidad de Madrid tiene un “déficit” de camas públicas de media-larga instancia dedicadas a estos pacientes. “Hay una dejación de responsabilidad y tiran de convenios. Hay hospitales con plantas vacías que podrían llenarse con camas de media-larga instancia; no hay camas porque no quieren”, sentencia a ElBoletin.com la diputada de la formación morada.

Un escenario del que advirtió Gándara Castillo cuando recordó a los políticos que en Madrid existen “muchos hospitales de la red pública que no tienen todavía equipos específicos de cuidados paliativos, equipos de soporte, compuestos por médicos y enfermeras, como mínimo”. Es más, la cifra que maneja el expresidente de la asociación habla de que en la región hay “unos 8.000 pacientes que necesitan atención paliativa y que no acceden a ella”. Y para tapar el agujero, el PSOE pidió hace unos meses recuperar el antiguo Hospital Puerta del Hierro para dedicarlo a esta medicina instalando camas de media-larga instancia. Algo que costaría “25 millones rehabitarlo entero” y que sería más eficaz y rentable que estas prórrogas, según la parlamentaria de Podemos.

Sin embargo, desde la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP-Marea Blanca) ven una intencionalidad política para no abordar este déficit. “No quieren poner solución”, sentencia la portavoz de la plataforma, Carmen Esbrí, a este medio. Una afirmación que apoya después de ver este tipo de convenios: “Hay un plan premeditado de destruir lo público mientras se suelta dinero con la ideología y la religión implícita, así los hospitales privados mejoran y mientras nuestros hospitales públicos se caen”, resume Esbrí.

Respecto a estas prórrogas, la portavoz de MEDSAP-Marea Blanca ve unos movimientos de la Consejería de Sanidad totalmente “improvisados”: “Los servicios de paliativos están en pañales, pero se suelta el dinero para tirar balones fuera”. Y el factor religioso que ha estado ligado con los Gobiernos del Partido Popular tienen mucho que decir, según Esbrí: “Es escandaloso que se repitan estas actuaciones, esta intromisión de la religión. Ponen la ideología por encima del bien común”.

Seis entidades ganadoras, cinco religiosas
 
La participación de centros religiosos dentro de la sanidad pública no es casualidad para la portavoz de MEDSAP-Marea Blanca, aunque las cinco entidades religiosas tengan en su apellido el “sin ánimo de lucro”. “No me convence lo de ‘sin ánimo de lucro’. Son ‘sin ánimo de lucro en teoría’ y son una tapadera para recibir beneficios fiscales. Detrás están transnacionales que mueven muchísimo dinero”, advierte Esbrí.

De las seis empresas que se han hecho con el concurso, cinco son órdenes religiosas, incluso una de ellas con fuertes vinculaciones al Opus Dei, como es el caso de la Fundación Vianorte-Laguna. Una entidad que, como se puede leer en su propia página, “nació en el año 2002 con motivo del Centenario de san Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975), fundador del Opus Dei”. Sin embargo, no es la única relación que tiene esta sociedad. La Obra Social La Caixa cuenta con un acuerdo de colaboración para ayudar en este servicio, una firma con el banco que se repite en el caso de la Residencia Asistida San Camilo.

Pero una de las mayores dudas que le surgen a Carmen Esbrí tiene que ver con el control de este servicio externalizado: “No se controla por funcionarios públicos ni se realizan auditorías y se les entrega dinero. Porque una cosa es lo que se pacta y otro lo que se vigila con inspecciones”. A su vez, algunos de los ejercicios religiosos que realizan estas órdenes con los enfermos es también una “cuestión alarmante” para la portavoz de MEDSAP-Marea Blanca: “En estas empresas se les da a los pacientes un apoyo espiritual aunque la persona no sea creyente”.

Sin embargo, los focos mediáticos no se han situado sobre estas entidades religiosas sino sobre la Clínica SEAR –esta sí con ánimo de lucro-. En 2014, la Comunidad de Madrid se vio obligada a indemnizar con 30.000 euros a la familia de una mujer parapléjica que estuvo ingresada en 2008 en este centro después de sufrir graves heridas tras permanecer varios días en una misma postura, cuando debía haber sido movida varias veces al día.

De hecho, varios meses después, a finales de 2014, la Asociación El Defensor del Paciente solicitó al fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, la apertura de una investigación para esclarecer supuestos malos tratos a enfermos ingresados en la Clínica SEAR. Un centro que se ganó la definición de “tenebroso lugar” por la presidenta de la asociación, Carmen Flores, después de ver imágenes de la situación de los pacientes y tras oír la denuncia del familiar de una usuaria que permaneció más de 12 horas sin cambiar los pañales, con orines y defecaciones o tras ver que se mezclaban las prótesis dentales de diferentes enfermos en el mismo vaso.

Hoy, esta empresa y las otras cinco entidades religiosas siguen contando con la confianza de la Comunidad de Madrid con estas dos prórrogas que alargan un contrato y un servicio parcialmente privatizado que se inició con Esperanza Aguirre y que Cristina Cifuentes mantiene en este 2016.

Madrid: el “call center” privado cobrará 1,8 € por cada llamada para solicitar una cita

El Gobierno regional está licitando el contrato para renovar el CAP, el ‘call center’ que tramita el 10% de las citas al centro de salud y prácticamente todas con el especialista.

El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes seguirá pagando a una empresa privada para que los ciudadanos puedan concertar telefónicamente una cita con su médico de familia o con el especialista. La Comunidad de Madrid está licitando actualmente “el mantenimiento y gestión integral del centro de atención personalizada (CAP) del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)”, a pesar de que la oposición en bloque (PSOE, Ciudadanos y Podemos) aprobó en enero de 2016 una proposición no de ley (no vinculante) para que la gestión de las citas médicas estuviera bajo el control directo del Sermas.

El Ejecutivo autonómico, en cambio, ha sacado un nuevo concurso público que deberá estar resuelto en enero de este año, ya que el actual está prorrogado desde abril, cuando venció. Indra gestiona este servicio desde el año 2010. La Consejería de Sanidad tiene previsto pagar 6.834.000 euros anuales (por dos años prorrogables otros dos), por lo que, según el volumen de llamadas estimadas que se realizan al año y recogidas en el pliego de condiciones, Madrid abonará 1,8 euros a la empresa adjudicataria cada vez que el CAP atienda la llamada de un ciudadano solicitando una cita.

El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes seguirá pagando a una empresa privada para que los ciudadanos puedan concertar telefónicamente una cita con su médico de familia o con el especialista. La Comunidad de Madrid está licitando actualmente “el mantenimiento y gestión integral del centro de atención personalizada (CAP) del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)”, a pesar de que la oposición en bloque (PSOE, Ciudadanos y Podemos) aprobó en enero de 2016 una proposición no de ley (no vinculante) para que la gestión de las citas médicas estuviera bajo el control directo del Sermas.

El Ejecutivo autonómico, en cambio, ha sacado un nuevo concurso público que deberá estar resuelto en enero de este año, ya que el actual está prorrogado desde abril, cuando venció. Indra gestiona este servicio desde el año 2010. La Consejería de Sanidad tiene previsto pagar 6.834.000 euros anuales (por dos años prorrogables otros dos), por lo que, según el volumen de llamadas estimadas que se realizan al año y recogidas en el pliego de condiciones, Madrid abonará 1,8 euros a la empresa adjudicataria cada vez que el CAP atienda la llamada de un ciudadano solicitando una cita.

Madrid paga 166 millones a la sanidad privada por derivar pruebas y operaciones
David Fernández
Según el cierre del ejercicio 2015. Es prácticamente la misma cantidad que en 2014. Además, los seis hospitales de gestión privada recibieron 686 millones de euros, 105 millones más

La consejería asegura, no obstante, que el nuevo contrato “reforzará el carácter público” de este servicio, ya que el Sermas ha decidido asumir las auditorías sobre la calidad de la actividad del CAP, auditorías que antes hacía la propia Indra, que siempre ha catalogado la calificación de su gestión por encima del 95%. Además, “se establece un refuerzo del personal propio de la Consejería de Sanidad en las instalaciones del CAP”: ocho puestos de trabajo para labores administrativas y otros tres para el contacto telefónico sanitario con los pacientes por si hay alguna incidencia. El adjudicatario deberá tener una oficina con 210 puestos de atención.

Según Sanidad, el CAP “permite ofrecer a los ciudadanos un único punto de atención evitando barreras burocráticas innecesarias, librándole de incómodos desplazamientos y evitándole esperas para realizar gestiones que puede ser resueltas con este servicio”. ¿Cómo funciona? Actualmente un madrileño puede pedir cita con su médico de cabecera, con el pediatra o con el servicio de enfermería de tres formas: acudiendo físicamente al ambulatorio, a través de internet o mediante el sistema de atención telefónica (de 8 a 21 horas), un operador virtual (IVR) que permite solicitar la cita, modificarla o anularla. Si el IVR no gestiona la cita al primer intento, la llamada se deriva al centro de salud para que sea atendida por personal del mismo. Estos tres métodos son gratuitos y están gestionados directamente por el Sermas.

Y luego está el CAP, que entra en funcionamiento cuando un usuario no ha podido gestionar su cita a través del operador virtual IVR ni a través del personal del ambulatorio. En ese caso, la llamada se deriva al CAP. “Si el servicio llega a ser atendido por el CAP es porque no ha sido posible establecer la cita a través de IVR, ni ha sido atendida por los centros de salud”, explica Sanidad. Según sus cálculos, un 40% de las llamadas recibidas en los centros de salud terminan derivándose al CAP. Pero si esta centralita privada “no puede asignar la cita o satisfacer la demanda solicitada, la llamada vuelve a retornar al centro de salud”. De los 422 centros de salud que hay en todo Madrid, el CAP solo puede devolver la llamada a 284.

En lo referente a las citas con el especialista, el Sermas tiene un programa, el SCAE, que permite que los médicos de cabecera deriven a sus pacientes con el especialista. Con posterioridad, un trabajador del CAP es el encargado de contactar con el paciente para concretar esa cita. “Tras fijar esa cita, el CAP proporciona al ciudadano la información necesaria, ubicación del centro y hora. Luego confirmará la cita a través de SMS o correo electrónico”.
104 quioscos táctiles

El contrato también obliga al futuro adjudicatario del servicio a gestionar y mantener los 104 quioscos ubicados en centros de salud, terminales táctiles en los que los usuarios pueden pedir su cita. En 2015 se tramitaron a través de estos quioscos 212.000 citas. Indra es el actual propietario de estos quioscos, por lo que el nuevo adjudicatario (si la licitación se la lleva otra compañía) deberá asumir su mantenimiento, valorado en 104.000 euros. El contrato exige que la nueva empresa que se haga cargo del CAP incremente la oferta de quioscos en 10 nuevos cada año.

Solo un 10% de citas a través del CAP

En 2015 (últimos datos completos), los madrileños tramitaron 6.152.865 citas con su médico de cabecera, de las que solo 806.000 se hicieron a través del CAP. El pico de máxima demanda se produce entre las 8 y las 10 horas, decreciendo de forma pronunciada según avanza el día y mostrando un leve repunte a partir de las 16 horas. Del total de citas, un 50% se gestionan presencialmente en los mostradores de los centros de salud, un 40% a través de internet, los quioscos táctiles o la llamada telefónica sin derivación al CAP, y solo un 10% por el CAP.

“La previsión es que las citas gestionadas de manera presencial bajen progresivamente y se incrementen las realizadas a través del resto de canales (teléfono, internet, ‘app’ del móvil y quiosco), de modo que a medida que se suban estas últimas disminuyan las citas gestionadas por el CAP”, señala Sanidad. En cuanto a las citas con el especialista, el CAP sí tiene gran incidencia, ya que son muy pocas las que se gestionan a través de quioscos o internet. En 2015 el CAP gestionó 2.754.873 citas con el especialista.

Un trabajador del Sermas destinado en un centro de salud de la capital, que prefiere guardar el anonimato, señala que el CAP, “esta centralita privatizada, no solo ha eliminado puestos de trabajo en el sector público, en los ambulatorios, sino que para el ciudadano supone una pérdida de calidad en el servicio”. ¿Por qué? “La gente mayor es incapaz de hablar con una máquina, con lo cual terminan acudiendo al centro de salud”.

Este trabajador apuesta por un servicio público que permite una mejor relación con los pacientes. “Cuando los médicos o las enfermeras están ausentes y hay que repartir las consultas, el CAP no tiene la capacidad de manejar las agendas que nosotros tenemos. Todo lo que son citas especiales, como los tramos horarios de las enfermeras para vacunar, o el calendario del niño sano… ellos no tienen acceso, con lo que la gente que quiere pedir una de estas citas no se la dan y tienen que venir al final al centro de salud”.

Situación en Grecia tras dos años de Syriza

Tras casi dos años de gobierno efectivo de Syriza, la situación general del país no parece haber mejorado con las recetas de la “nueva política” de la izquierda parlamentaria.

Desempleados: 1.196.736. El 90% de estos no recibe el subsidio por desempleo del Instituto Nacional de Empleo. 350.000 familias no tienen ningún miembro que trabaje. El 73% de los desempleados son desempleados de larga duración. Según el Instituto de Empleo de la Confederación General de Trabajadores de Grecia, la tasa de desempleo es de 31%.

Jubilados: 2.656.707. El 60% de los jubilados cobra una pensión inferior a los 700 euros. El 65% de los jubilados cobra una pensión inferior a la línea de pobreza relativa (665 euros). Los recortes de las pensiones han llegado el 50% y continuarán… 650.000 personas han abandonado el país.

Empleados: 3.591.407. El salario medio es de 810 euros. El salario que cobra el 15% de los empleados (500.000 personas) es de 346 euros. 1.000.000 de trabajadores en el sector privado llevan de uno a cinco meses sin cobrar. El 70% de los nuevos puestos de trabajo son puestos de trabajo temporal.

En lo que respecta al sector sanitario, es cierto que se han derogado normas (como la que imponía el copago de cinco € por acceder a los servicios sanitarios, la eliminación de las miserables cláusulas de Loverdos a los seropositivos, etc.,) pero  la simple derogación, sin recuperar las decenas de miles de empleos de profesionales suprimidos en el sector, hace que el sistema sanitario siga siendo en la práctica muy poco accesible para la población.

Si a esto unimos que el proceso de privatización del sistema sanitario sigue en marcha, ya que no ha sido retirada la Ley del “ESAN AE”, es decir, la sociedad anónima que distribuirá, en las condiciones del mercado y con criterios empresariales, la financiación estatal y de los seguros a los hospitales públicos y privados por igual, según el sistema DRG, podremos concluir que las políticas de Syriza no han sido diseñadas para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, sino para garantizar el mantenimiento de la situación previa.

Pese a vacunar a 150 millones de norteamericanos, la mortalidad por gripe no varía

En EEUU es obligatoria la vacunación contra la gripe para los trabajadores del sector salud. Además, el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización recomienda la vacunación anual contra la gripe para todas las personas mayores de 6 meses que no tengan contraindicaciones, por lo que el personal sanitario debe ofrecer vacunas contra la gripe en octubre, y seguir ofreciendo vacunas, siempre y cuando los virus de la gripe están circulando.

Las campañas del gobierno han generado miedo, logrando que se vacune casi la mitad de la población del país, cerca de 150 millones de personas cada año, cifra muy interesante para las multinacionales de Farmafia.

Sin embargo, las tasas de mortalidad por estas enfermedades infecciosas en Estados Unidos se mantienen estables. La neumonía y la gripe fueron las causas más comunes, que representaron el 38,3% de las muertes por enfermedades infecciosas durante ese período. Sin  embargo, pese a las campañas de vacunación, la  tasa de mortalidad por neumonía y gripe se mantuvo estable entre 1980 y 2014, con 17,1 por 100.000 habitantes. Específicamente la mortalidad por neumonia no varió entre estos años, manteniendose en 15,9 por 100.000 habitantes, y la mortalidad por gripe, pese a las masivas campañas de vacunación, pasó de 1,2 muertes por 100.000 habitantes en 1980 a 1,4 muertes por 100.000 habitantes en 2014.

Muere con las piernas amputadas tras ingresar en la Jiménez Díaz por una incontinencia urinaria

María Jesús Pascual murió por una fascitis necrotizante contra la que nadié actuó.
Los médicos llegaron a administrarle placebos creyendo que sufría “trastornos psicosomáticos” tras la operación.
La derivaron al Hospital La Paz incapaces de resolver las complicaciones posoperatorias.
En La Paz tuvieron que cortarle las piernas, pero no pudieron evitar su muerte.

Maru, como conocían en casa a María Jesús Pascual, cumplió 44 años a bordo de la ambulacia que la trasladaba desde la Fundación Jiménez Díaz al Hospital La Paz de Madrid. Poco más de un mes después de su cumpleaños, el 28 de octubre de 2008, esta mujer, madre de dos niñas, fallecía víctima de una fascitis necrotizante consecuencia de una negligente atención médica en la Jiménez Díaz, según recoge la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) facilitada por su letrada, Julia García, de los servicios jurídicos de la asociación El Defensor del Paciente.

“Estaba feliz, tenía un novio nuevo y quería que esta vez le saliera bien. Fue ella la que decidió entrar al quirófano, aunque hubiera podido vivir así”, recuerda su hermana Josefina Pascual. La portavoz de la familia se refiere a la incontinencia urinaria que padecía la joven y a sus problemas ginecológicos. “Había tenido dos hijas y tenía el útero algo descolgado, decía que se lo podía hasta tocar. Quería solucionarlo”, resume Josefina.

Una intervención sencilla que exige solo dos días de ingreso pero que, en su caso, tuvo el peor de los desenlaces posibles. Según recoge la sentencia, que ha fallado a favor de la familia condenando a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y a la Jiménez Díaz, la intervención quirúrgica fue “correctamente realizada”, pero “no se practicó prueba alguna para determinar la posible causa de las complicaciones posoperatorias anormales que padeció desde un primer momento”, detalla el fallo judicial. “Dolores, problemas urinarios, aparición de manchas y hematomas y la existencia de manchado seroso maloliente” fueron los síntomas que Maru empezó a padecer nada más abandonar la sala de operaciones.

A pesar de la gravedad de su cuadro clínico, según expresa la sentencia, se aprecia una “excesiva demora” sin que se solicitara “ninguna prueba urgente”. “Los médicos de la Jiménez Díaz estaban muy perdidos”, explica la hermana de la fallecida, a pesar de las muchas veces que la familia pidió que la paciente fuera asistida ante sus fortísimos dolores antesala de la fascitis necrotizante que acabaría con su vida. El nombre médico de la enfermedad se refiere en realidad a una infección bacteriana que devora la carne del paciente, es la bacteria comecarne.

“Llegó a recibir incluso placebos al considerar que tenía trastornos psicosomáticos”, se lee en el fallo del TSJM, que achaca al centro un grave incumplimiento de la Lex artis, tanto en planta como cuando Maru fue ingresada de urgencia en la UVI de este centro “en situación de shock séptico severo”.

“Deficiencias en la UVI” Los jueces que han redactado la sentencia explican que “la fascitis necrotizante es una enfermedad poco frecuente y muy grave si no se actúa con celeridad en el tratamiento, que ha de ser precoz y muy agresivo”. Algo que en este caso no ocurrió. Fue operada el día 1 de septiembre y hasta el 4 de septiembre (cuando ingresó en la unidad de cuidados intensivos), ningún facultativo adoptó las medidas antibióticas que hubieran podido salvarle la vida.

Además, añaden los jueces, la joven “permaneció 14 días en la UVI [de la Jiménez Díaz] recibiendo sin éxito tratamientos prescritos por profesionales de diferentes especialidades, sin que ninguno estuviera a cargo de la misma, para ser finalmente derivada a otro centro con más experiencia (Hospital La Paz), en donde ya se vieron obligados a realizar la amputación de ambas piernas para finalmente asistir al fallecimiento de la paciente.

“Mi hermana estaba rara, en un grito de dolor”, relata Josefina, que habló por última vez con Maru el día 3 de septiembre cuando salían del hospital. Cuando regresaron al día siguiente “ya estaba en la UVI, sedada, no volví a hablar con ella”, recuerda.

A partir de ahí, tras varias operaciones, “eran incapaces y tuvieron que pedir ayuda a la Unidad de Quemados de la Paz”, donde acabaron trasladándola, cuenta su hermana. “En la Paz hicieron de todo para salvarla. Desde el principio nos dijeron la verdad. Que no entendían cómo había llegado a eso y que la bacteria se le iba extendiendo, hasta que llegó al cerebro. Eso fue el final “, explica Josefina. Ahora, con la sentencia, la familia quiere cerrar “ocho años de pesadilla”, asegura. Y es que no solo fue la muerte de Maru. La joven dejaba dos hijas, de dos padres diferentes, y el de la pequeña (6 años entonces) no quiso hacerse cargo de la niña. Fue una de sus tías, Beatriz, la que tuvo que pedir la tutela para que Laura (así se llama la niña que hoy tiene 14 años) no acabara en los Servicios Sociales. “Ahora sentimos que se ha hecho justicia”, aseguran casi felices porque, sobre todo Laura, “habla de su madre, no tiene traumas y lleva sus fotos en el móvil”. Su hermana mayor, Carolina, vive ya independizada.

La esperanza de vida desciende en Estados Unidos por primera vez en dos décadas

La esperanza de vida ha descendido en Estados Unidos por primera vez desde hace más de dos décadas. El aumento de las muertes por enfermedades cardiovasculares, diabetes, sobredosis de drogas y accidentes ha contribuido a que en 2015 empeoren las expectativas como no lo habían hecho desde la epidemia de Sida de los años 90, según datos publicados este jueves por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés).

EE UU ha roto con una tendencia constante desde después de la Segunda Guerra Mundial y en la que cada año aumentaba la esperanza de vida al nacer. En total, han aumentado las tasas de mortalidad en 8 de las 10 principales causas de muerte y entre la mayoría de grupos de población, lo que indica una tendencia general. Los fallecimientos han crecido especialmente entre hombres blancos y afroamericanos y mujeres blancas. En el caso de las mujeres afroamericanas y los hispanos, no han empeorado, pero tampoco mejoran.

La esperanza de vida se sitúa en EE UU en 76.3 años en el caso de los hombres y 81.2 en el de las mujeres, con una media de 78.8 para ambos, un mes menos que en 2014. En 2015, los hombres perdieron cerca de dos meses con respecto al año anterior —de 76.5 años a 76.3—, mientras que la esperanza de vida de ellas descendió en un cerca de mes —de 81.3 a 81.2. La diferencia entre unos y otros aumentó de 4.8 a 4.9 en el mismo período. Esa brecha se mantuvo constante entre los mayores de 65 años, cuando los hombres esperan vivir 18 años más y las mujeres una media de 20.6.

Los datos del NCHS llegan apenas un año después de que un amplio estudio liderado por la Universidad de Princeton que reveló la epidemia de muertes por sobredosis de drogas, especialmente por consumo de heroína, y narcóticos bajo receta médica. Las autoridades han confirmado un aumento de muertes por “lesiones no intencionadas”, una categoría que incluye desde accidentes de tráfico hasta sobredosis por consumo de drogas, alcohol y otros estupefacientes. En 2015, más de 146.000 estadounidenses perdieron la vida por una de estas causas mientras las autoridades aún buscan la respuesta a lo que ya se considera una epidemia.

Pfizer sube el precio de una pastilla para la epilepsia un 2.000% en un año

La autoridad en Competencia de Reino Unido le impone a la farmacéutica una sanción de 99 millones de euros ya que es una subida sin motivo, aunque la empresa va a recurrir.

Un paquete de 100 miligramos pasó de 2,83 libras a 67,50 en un año. El coste para la sanidad pública británica pasó de 2 millones en 2012 a 50 millones de libras en 2013

La farmacéutica Pfizer ha sido multada con 84,2 millones de libras (99 millones de euros) por el regulador británico del sector de la competencia por subir los precios de un fármaco antiepiléptico a la Sanidad pública del Reino Unido.

La llamada Autoridad de la Competencia y los Mercados (CMA, por sus siglas en inglés), responsable de vigilar la competencia empresarial del país, también multó con 5,2 millones de libras (6,1 millones de euros) a Flynn Pharma, distribuidora del fármaco, por incrementar el precio del medicamento.

El aumento de los precios de ese fármaco –cápsulas de fenitoína sódica– hizo que de 2012 a 2013 el gasto de Servicio Nacional de Salud británico (NHS, por sus siglas en inglés) aumentara de 2 millones de libras (2,3 millones de euros) a 50 millones de libras (58,9 millones de euros). O lo que es lo mismo, una subida del 2.200%.

Por su parte, Pfizer señaló que recurrirá la decisión, según informó la cadena británica BBC. El informe de la CMA también resaltó que, en varias ocasiones, el precio de los medicamentos de Pfizer fueron más elevados en el Reino Unido que en otros países europeos.

Philip Marsden, responsable de investigar este caso para la CMA, dijo hoy que las empresas suelen tener la libertad para fijar los precios, “pero los que tienen una posición dominante (en el mercado) no deben abusar de esta situación y fijar precios excesivos e injustos.”

Según Marsden, en este caso, “no hay justificación” para tales aumentos cuando “las cápsulas de fenitoína sódica son un fármaco muy antiguo para el cual no ha habido ninguna innovación reciente o inversión significativa”.

Descubren efecto antimetastásico. Posiblemente no se concrete en un fármaco ¿lograrán financiación los investigadores?

Descubiertas las células que inician la metástasis del cáncer

Metástasis es una palabra que provoca miedo porque significa la muerte en el 90% de los casos de cáncer. Pero este proceso, por el que unas pocas células se desprenden del tumor y provocan otros en distintas partes del cuerpo, está más cerca de ser comprendido, al menos, en sus inicios. Un grupo de investigación liderado por el científico Salvador Aznar Benitah en el IRB de Barcelona, publica hoy en la revista Nature un estudio en el que identifica una proteína crucial para que las células tumorales puedan iniciar la metástasis. Se llama CD36 y podría mejorar el diagnóstico, revolucionar la terapia y hasta modificar nuestra dieta.

El grupo de Salvador Aznar es especialista en un tipo de células madre que están presentes en los tumores y cuyo papel es potenciar su crecimiento. Estudiando el comportamiento de estas células en muestras de carcinoma oral humano encontraron una subpoblación que apenas se dividía y que presentaba características muy similares a las de las células de la metástasis. Además, estas células mostraban un metabolismo muy elevado de las grasas, lo que llamó la atención de los investigadores.

Los científicos decidieron estudiar la proteína CD36, una molécula que transporta grasas y que está en la superficie de estas células. “Es la puerta de entrada de los ácidos grasos que provienen del medio exterior, de la dieta o de algún otro tejido”, comenta Aznar. Su grupo la ha encontrado en células metastáticas de otros tipos de tumores como el melanoma o el cáncer de mama luminal y, tras realizar análisis estadísticos en muestras de pacientes, también mostraron la presencia de esta proteína en carcinoma de ovario, de vejiga y de pulmón. Y lo más importante: cuando añadieron CD36 a células tumorales que no producen metástasis, estas empezaron a hacerlo.

Encontraron así las células que inician la metástasis. Un hallazgo que, en primer lugar, puede mejorar su diagnóstico. “Hemos añadido un marcador [en referencia a CD36] que nos permite purificar las poblaciones metastáticas a un nivel sin precedentes”, afirma Aznar. “No creemos ni mucho menos que sea el único, pero este parece ser universal. A mayor nivel de CD36, mayor la probabilidad de que un tumor metastatice. No lo hemos probado en todos los tumores, pero sí en gran parte de los más comunes y en ellos hay una asociación directa entre la presencia de CD36 y un peor pronóstico en pacientes”.

Pero esto solo era el comienzo. Si CD36 es un transportador de grasas y está presente en varios tumores que metastatizan, ¿podría entonces una dieta rica en grasas provocar más metástasis? En el estudio, ratones inoculados con células tumorales y que siguieron una dieta normal presentaron metástasis en el 30% de los casos. Sin embargo, cuando se les alimentaba con una dieta un 15% más rica en grasas, conocida como “dieta de cafetería”, cerca del 80% de los ratones tenían más metástasis y de mayor tamaño.

Esta unión era tan directa que el grupo del IRB estudió qué tipo de grasas eran las más peligrosas. El ácido palmítico, un ácido graso de origen vegetal y componente principal del aceite de palma -presente en una gran variedad de comidas procesadas- demostró ser, con diferencia, el mayor inductor de metástasis. Añadir palmítico a cultivos de células tumorales durante tan solo 48 horas hacía que esas células fueran capaces de aumentar posteriormente la frecuencia metastática de un 50% a un 100% en ratones.

“Este estudio es muy novedoso”, confirma Joan Seoane, director de Investigación Traslacional del Vall D’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), y que no ha estado involucrado en él. “”Ya se había descrito que CD36 tenía relación con el metabolismo de los lípidos, pero esta es la primera vez que se ve que esta población de células tiene una capacidad metastática superior al resto de las células”.

Pero la investigación también ha explorado un posible tratamiento de la metástasis. Puesto que CD36 es un transportador, impedir el paso de ácidos grasos a través del mismo podría bloquear el mecanismo e impedir el desarrollo de ese proceso. Esto se podía conseguir usando unas moléculas llamadas anticuerpos, que se unen con gran especificidad a otras proteínas. “Compramos todos los anticuerpos comerciales de CD36 y vimos que dos de ellos efectivamente son neutralizantes: no solo reconocen la proteína, sino que la bloquean y tienen un efecto antimetastático tremendo”, relata Aznar. En un 20%, la metástasis llegaba a desaparecer por completo. En el resto, se producía una reducción del 80%-90% del número de focos metastáticos, así como de su tamaño. Además, el tratamiento no muestra efectos secundarios intolerables, lo que abre un camino hacia la terapia en humanos.

El laboratorio ya ha solicitado la protección por patente de los resultados y ha comenzado una colaboración con la empresa inglesa MRC Technology, especializada en desarrollo de anticuerpos para uso clínico. Estos se probarán en ensayos clínicos en humanos y, si el resultado es positivo, podrían estar disponibles en un plazo de 5 a 10 años. Pero este estudio podría también apuntar otros tratamientos. “Quizá sea algo tan sencillo como modificar la dieta a los pacientes con tumores. Es algo que deberíamos explorar porque el coste para el sistema sanitario sería bajísimo”, indica Aznar. El problema es que es muy difícil conseguir financiación para un estudio que no está vinculado a un fármaco, sino a un cambio de dieta. “Tiene que ser una iniciativa académica porque muy pocas empresas tendrán interés en un ensayo de este tipo. La financiación tiene que venir de una entidad pública, cosa que lo complica mucho”, explica Seoane.

Cincuenta productos químicos cotidianos pueden producir cáncer, cuando se combinan

Por separado y en bajas dosis no hacen daño pero, cuando se combinan, pueden provocar cáncer. Hablamos de productos químicos cotidianos presentes, por ejemplo, en los embalajes de alimentos. Un estudio internacional realizado por 174 científicos de 28 países ha analizado 85 de estos productos y ha descubierto que, cuando se combinan, pueden propiciar 50 mecanismos orgánicos relacionados con la enfermedad. Estudios previos ya habían señalado en la misma dirección, pero se necesita más investigación al respecto, advierten los especialistas.

Un equipo internacional formado por 174 científicos de centros de investigación de 28 países ha analizado la relación entre las combinaciones de productos químicos comúnmente encontrados en nuestro entorno y el desarrollo del cáncer.

Para la investigación, fueron seleccionados un total de 85 productos químicos no considerados cancerígenos para los seres humanos. Según informan los científicos en la revista Carcinogenesis, el análisis de todos ellos reveló que su presencia conjunta, sin embargo, sí puede propiciar 50 mecanismos orgánicos relacionados con el cáncer.

Una preocupación por los efectos sobre la salud de la combinación y adición de todos estos productos de uso cotidiano fue lo que llevó a la organización Getting To Know Cancer de Canadá a investigar dichos efectos.

El trabajo fue realizado dentro del marco del Proyecto Halifax de dicha organización, dedicado tanto a la búsqueda de terapias avanzadas contra esta enfermedad como al estudio del potencial carcinogénico de la exposición a bajas dosis de mezclas de productos químicos en nuestro entorno.

Uno de cada cinco cánceres

Uno de los responsables de la investigación, Hemad Yasaei, biólogo de la Brunel University de Londres y especialista en los cambios genéticos y moleculares que se producen cuando se desarrolla cáncer, explica en un comunicado de dicha universidad que “esta investigación respalda la idea de que los productos químicos que no se consideran perjudiciales por sí mismos, al combinarse y acumularse en nuestro cuerpo, pueden desencadenar cáncer, y podrían estar detrás de la epidemia mundial de cáncer que estamos presenciando”.

Por eso, añade, “necesitamos urgentemente destinar más recursos a la investigación de los efectos de la exposición a bajas dosis de mezclas de sustancias químicas en los alimentos que comemos, el aire que respiramos y el agua que bebemos”.

Esta idea la respalda Francis Martin, investigador de la Universidad de Lancaster responsable, en este mismo estudio, del análisis de la influencia de dichas exposiciones ambientales sobre el metabolismo disfuncional del cáncer. Según Martin, “a pesar del aumento de la incidencia de muchos tipos de cáncer”, aún se destina “muy poca investigación al papel fundamental de los agentes ambientales que causan la enfermedad”.

La necesidad de que se hagan más estudios sobre el tema la revelan algunas estimaciones actuales que señalan que la exposición a combinaciones de productos químicos cotidianos podrían estar causando uno de cada cinco cánceres a nivel global actualmente, alertan los autores del trabajo.

Cóctel químico en alimentos

Por otra parte, el pasado mes de marzo concluyó el mayor proyecto de investigación realizado en Dinamarca sobre los efectos en la salud humana de los cócteles químicos (de pesticidas y otras sustancias) presentes en alimentos.

Este estudio, que duró cuatro años y en el que se utilizó un nuevo modelo matemático de análisis, reveló que incluso pequeñas dosis de sustancias químicas en lo que comemos pueden tener efectos negativos significativos sobre la salud, si están presentes juntas.

Según informó la Universidad Técnica de Dinamarca, estos resultados señalan la necesidad de reducir la ingesta, a través de lo que comemos, de productos químicos que son disruptores endocrinos, tales como los ftalatos (sustancias añadidas a los plásticos de envases) o los productos químicos fluorados (usados en la agricultura y en productos farmacéuticos), con el fin de evitar daños en la salud humana.

En general, un disruptor o perturbador endocrino (PE) es una sustancia química, ajena al cuerpo humano, capaz de alterar el equilibrio hormonal de este y de producir ciertos tipos de cáncer hormonodependientes, como el cáncer de mama o de tiroides.

Peligrosamente juntos

En el año 2013, otra investigación de la Texas Tech University de EEUU alertó de la peligrosidad de la combinación de una sustancia química, el arsénico, con los estrógenos, hormonas sexuales que genera el organismo cuyo comportamiento puede ser emulado por sustancias químicas como las que generan –de nuevo- los plásticos de los embalajes.

Por separado y a muy bajas dosis, ambas cosas no amenazan la salud, pero juntas sí, pues pueden causar cáncer de próstata, , comprobaron entonces los científicos.

El arsénico se encuentra en el humo del tabaco, pero también puede hallarse en el agua potable de algunas regiones como India, México e incluso Lubbock (Texas), señalaron los investigadores. ¿Qué pasaría si se mezcla con los ‘estrógenos’ de los envases de alimentos?

La coexposición tendría un gran impacto, se constató en células de próstata cultivadas en laboratorio: tiende a detener la expresión de ciertos genes responsables de controlar la conversión de dichas células en cancerígenas.

A raíz de estos resultados, los investigadores norteamericanos también advirtieron de la necesidad de medir la seguridad de las sustancias químicas no solo individualmente, sino en combinación con otras. “En el mundo real, estamos expuestos a muchas sustancias a la vez”, advirtieron, y “la mayoría de los cánceres están causados por influencias del entorno. Solo entre un 5 y un 10% de ellos se debe a la predisposición genética”.

También en 2013, un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Programa de la ONU para el Medio Ambiente ya advertía de la necesidad de más datos científicos para identificar los efectos de diferentes combinaciones de estas sustancias químicas (especialmente de los perturbadores endocrinos) a los que los seres humanos y los animales salvajes están cada vez más expuestos.

La mitad de los pensionistas cobra menos de 655 € al mes

El sistema de pensiones español arroja sorprendentes conclusiones. Si el otro día explicábamos que hay 800.000 pensionistas que mensualmente cobran una prestación por valor de más de 2.000 euros, hoy toca mirar desde otro ángulo. Nada menos que 4,7 millones de pensiones, prácticamente la mitad de los 9,3 millones que se abonan mensualmente, cobran cuantías inferiores a la que fija el salario mínimo, situado en 655 euros hasta ahora.

En concreto, y según las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, casi 700.000 pensionistas cobran al mes cantidades inferiores a los 300 euros. Los hay jubilados, sí, aunque en este tramo prevalecen aquellos que cobran pensiones de orfandad o en favor de familiares.

Pero es en el siguiente tramo donde se concentra mayor cantidad de personas. Nada menos que 3,5 millones de pensionistas reciben cuantías mensuales de entre 300 y 648 euros. Es más: son casi dos millones, el 23% del total, los que cobran entre 600 y 648 euros. Más allá de la pensión media, situada hoy en los 909 euros (la de jubilación en los 1.047), la pensión típica se sitúa aproximadamente en los 625 euros: ningún otro tramo de renta analizado cuenta, ni de lejos, con tantos beneficiarios. El siguiente, de hecho, es el de aquellos que perciben entre 700 y 800, que son algo más de 800.000.

Mientras, los beneficiarios de una pensión de entre 1.000 y 2.000 euros son algo más de 2 millones, prácticamente los mismos que cobran esos 625 euros. Y los que superan esa cantidad son, según los datos más recientes, casi 800.000 personas.

Disruptores endocrinos: científicos denuncian la manipulación de la ciencia para impedir su regulación

Advierten que se están sembrando dudas sobre los disruptores endocrinos para impedir su regulación en Europa

Un centenar de científicos europeos y norteamericanos se oponen, en un artículo publicado en Le Monde, a la manipulación de la ciencia por parte de la industria química y sus aliados en el campo científico. Denuncian que se está creando un debate artificial sobre la amenaza que representan los disruptores endocrinos, presentes en numerosos objetos de la vida cotidiana, en un momento en el que la UE debe decidir sobre su regulación.

Casi cien científicos europeos y norteamericanos denuncian en un artículo publicado en Le Monde los intereses industriales que deforman deliberadamente las pruebas científicas para impedir la regulación de los disruptores endocrinos.

El proyecto de establecer una regulación de este tipo en la Unión Europea es combatido por científicos vinculados a los intereses industriales, dando la impresión de una ausencia de consenso donde ni siquiera hay controversia científica sobre el tema, dicen en su escrito.

Este método de deformar deliberadamente las pruebas científicas para crear la falsa impresión de una controversia se usa habitualmente cuando los descubrimientos científicos afectan a poderosos intereses industriales, destacan los firmantes.

Lo que ha pasado con anterioridad con la industria del tabaco, del sector agroquímico o del calentamiento climático han retrasado acciones preventivas con graves consecuencias para la salud de la población y del medio ambiente, advierten.

La gran mayoría de los científicos comprometidos en la investigación de las causas del aumento de enfermedades vinculadas al sistema hormonal están de acuerdo en afirmar que en estos procesos intervienen muchos factores, entre ellos los productos químicos capaces de interferir con el sistema hormonal, llamados disruptores endocrinos.

Mientras que la única solución para evitar estos efectos colaterales es prevenir a los pacientes de los productos químicos mediante una reglamentación más eficaz, los científicos expresan su preocupación por las opciones normativas que propone la Unión Europea.

Decisiones en Bruselas

La publicación de este artículo se produce cuando la Unión Europea no consigue ponerse de acuerdo sobre una definición relativa a los disruptores endocrinos que permita su regulación.

El pasado mes de junio, y con dos años de retraso, la Comisión Europea propuso una definición que califica de disruptor endocrino a cualquier sustancia que tenga efectos nocivos para la salud y el sistema hormonal y que se haya demostrado el vínculo entre ambos.

Para los firmantes de esta especie de manifiesto, esta propuesta de definición requiere un nivel de comprobación más elevado que el que se establece para otras sustancias peligrosas, como las cancerígenas. Con este sistema, advierten, será muy difícil reconocer una sustancia peligrosa como perturbador endocrino.

Los firmantes piden que se constituya un grupo de expertos bajo los auspicios de la ONU, similar al que se creó para el estudio del clima, para poner a la ciencia al amparo de la influencia de intereses privados.

Los disruptores endocrinos están presentes en muchos productos de uso cotidiano como las botellas de plástico, las pajitas alimentarias, los detergentes, los juguetes, los cosméticos o los pesticidas.

Actúan como falsas hormonas confundiendo y desequilibrando al organismo y las patologías relacionadas con los disruptores endocrinos incluyen la obesidad, la diabetes, los problemas tiroideos, el asma infantil, la pérdida de fertilidad, complicaciones en el desarrollo de los niños y daños en el sistema inmunitario y neuronal.

Nunca como hasta hoy, señalan los científicos, la humanidad se ha visto enfrentada a un conjunto de enfermedades vinculadas con el sistema hormonal. Estos productos químicos, añaden, constituyen una amenaza mundial para la salud porque están presentes en los muebles y la electrónica, los productos higiénicos y restos de pesticidas en la alimentación, pudiendo interferir con las hormonas naturales en momentos críticos de la vida como el embarazo o la pubertad.

Entre los firmantes figuran dos españoles, Ángel Nadal, de la Universidad Miguel Hernández, y Nicolás Olea, de la Universidad de Granada.

Primera resolución administrativa: Madrid paga la hepatitis C en la privada

Por vez primera en España, en una resolución administrativa sin precedentes, una comunidad autónoma ha decidido reintegrar a los afectados por hepatitis C los gastos en que incurrieron en sus terapias privadas para combatir la enfermedad al no recibir un tratamiento público.

El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ha resuelto resarcir con un total de 229.400 euros a tres enfermos que, ante la negativa de la Sanidad pública a costear sus tratamientos, hubieron de procurárselos de forma privada, en ocasiones teniendo que solicitar incluso créditos para poder hacer frente a los gastos.

Las resoluciones están fechadas el 16 de noviembre pasado, y en ellas se da la razón a los reclamantes, que acudieron a la vía contencioso-administrativa previa a la judicial para solicitar daños y perjuicios a la Comunidad de Madrid. La consecución del reintegro se ha producido aquí por una vía novedosa, no utilizada habitualmente en la lluvia de reclamaciones que afectados de toda España han seguido para pedir que se les devolviera lo gastado al negarse Sanidad a costear sus fármacos.
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Aparte de un procedimiento penal abierto en Galicia por estos hechos -por el que se mantienen imputados dos altos cargos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo-, la vía habitual de reclamación había sido hasta este momento la previa a la jurisdicción laboral, y no la contenciosa.

En la primera, la interpretación del término «urgencia vital» como argumento para reclamar es, según fuentes jurídicas, más rigurosa que en la vía seguida por el abogado que ha logrado la victoria ante la Administración. Su nombre es Carlos Sardinero, letrado de la Asociación del Defensor del Paciente, doctor en Derecho y Medicina. La jurisdicción laboral, de hecho, ya ha desestimado en varias ocasiones la pretensión de los reclamantes.

La resolución, que resarce respectivamente con 77.400, 76.000 y 75.000 euros a los afectados, supondría que la Sanidad pública puede acabar pagando a precio privado los tratamientos en los casos que pierda, tanto en la reclamación previa como en la jurisdicción contencioso-administrativa.

El primero de los afectados fue diagnosticado de «cirrosis hepática por virus C» con una infección con más de 20 años de evolución, y no respondió al tratamiento, por lo que comenzó a presentar varices esofágicas que le extendieron los problemas al aparato digestivo.

Se comenzaron a suceder las patologías: colon espástico, diarrea crónica, diverticulosis intestinal, gastropatía hipertensiva… El doctor que le atendió consignó en un informe: «El grado de afectación de su proceso hepático, aparte de la cirrosis instaurada, predispone a un riesgo importante de enfermedad neoplásica (cáncer de hígado) y a un riesgo importante de muerte prematura por descompensación hepática y, especialmente, por riesgo de hemorragia digestiva masiva dado el grado de gravedad de sus varices esofágicas».

Por la complicada situación del paciente y el alto riesgo que corría fue derivado al servicio de patología hepática del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid. Allí se le prescribieron los entonces «nuevos antivirales». «Sin embargo», reza la reclamación que a la postre ha considerado legítima el Servicio Madrileño de Salud, «no fue prescrito dicho tratamiento por el Sistema Público de Salud».

Prosigue la reclamación: «Así, al encontrarse ante una urgencia vital, se vio obligado a recurrir a la sanidad privada sin poder esperar a que el sistema público respondiera a su solicitud. Recibió tratamiento en un centro privado con sofosbuvir y simeprevir, asumiendo por supuesto el cuantioso gasto del tratamiento, que asciende a 78.061 euros».

Recibió tres tratamientos de Sovaldi y Olysio, los fármacos indicados para sus dolencias, a un precio de 26.511 euros cada tratamiento. Además, siguió acudiendo a la Sanidad pública a las revisiones y controles, y «en todas ellas fue informado por la facultativa competente de que la prescripción para el sometimiento del oportuno tratamiento no había sido autorizada».

Otro de los afectados al que se ha reintegrado el gasto (el Sermas ha efectuado ya los ingresos en cuenta) es un jubilado de 69 años que había sido diagnosticado en 2011 de hepatitis crónica virus C. El empeoramiento llegó en 2014, lo que provocó un cuadro como el antes descrito. La posibilidad de tratarse con Sovaldi quedó varada en el Comité de Seguimiento de la crisis de la hepatitis C, ante lo cual decidió tratarse de forma privada, para lo que tuvo incluso que pedir un crédito. Su caso, con fibrosis F4 avanzada, exigía una intervención rápida.

Según datos de 2015, la hepatitis C afecta a más de 900.000 personas en España, y supone, además, la principal causa de cirrosis y cáncer de hígado. Además, más de la mitad de los pacientes que han necesitado un trasplante de hígado son pacientes con hepatitis C con una enfermedad hepática terminal.

El llamado Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, presentado en febrero de 2015 por el entonces ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, sólo daba acceso a los fármacos de última generación a 52.000 pacientes.

Estos pacientes eran los que estaban entre los estadios F2 y F4 de la enfermedad, aunque la Plataforma de Afectados (PLAFHC) estimaba en más de 100.000 los que deberían beneficiarse del tratamiento. Sólo en el plan inicial de tratar a 52.000 pacientes, el coste sería de unos 3.000 millones, aunque se rebajó tras varias negociaciones a los 727 presupuestados.

Varias muertes en ensayos clínicos revelan datos sobre cómo se hacen estos

Charlo por Twitter con Carlos Bernuy-Lopez, joven científico “exiliado en Noruega” que ha publicado el artículo El fraude científico: un ejemplo más de corrupción. Trata sobre ética en Ciencia. Entre tuit y tuit repaso una noticia aparecida en el mes de julio pasado que explica que la FDA, la agencia de medicamentos de Estados Unidos (EE.UU.), suspendió un ensayo clínico sobre el cáncer tras la muerte de tres pacientes.

Desarrollar investigaciones clínicas es fundamental para que progrese el conocimiento científico, por eso se hacen, entre otras muchas pruebas, los ensayos clínicos.

En el caso que nos ocupa, la compañía farmacéutica Juno Therapeutics anunció la suspensión su ensayo clínico denominado ROCKET, controlado por la la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA. Se desarrollaba la fase II del trabajo cuyos pacientes sufrían leucemia linfobástica aguda.

Si en la llamada fase I de un ensayo clínico se evalúa la seguridad y los posibles efectos secundarios de un tratamiento, en la segunda fase se prueba la efectividad de la nueva medicina.

La posible causa de la muerte de esas tres personas sería el agregar el principio activo fludarabina al régimen previo, que consiste en una dosis fuerte de quimioterapia para matar las células cancerígenas existentes.

La fludarabina ha mostrado eficacia en estudios previos, lo que motivó que fuera añadido al régimen previo en este ensayo clínico. Pero una interacción entre la fludarabina y la terapia celular JCAR015 resultó letal.

Pero ahora viene lo gordo. Resulta que en julio, como os cuento, se paralizó esas investigación… para continuarla tiempo después con nuevos resultados mortales, como cuenta Ainhoa Iriberri en su post Polémica en EEUU por la muerte de varios pacientes en un ensayo clínico.

La investigación es básica, demasiado importante como para dejarla, casi en su totalidad en manos privadas que anteponen el lucro, los beneficios económicos, a la salud pública. Cuenta la periodista que todo apunta a las prisas de la farmacéutica por obtener resultados positivos con su futura terapia como la posible causa de la muerte de ese grupo de personas.

Cita también que el pasado mes de enero en Francia un voluntario sano que participaba en un ensayo clínico en fase I moría tras administrarse un candidato a medicamento para tratar enfermedades neurodegenerativas. Otras cinco personas quedaron gravemente dañadas.

Sucedió, por cierto, algo inédito en el país vecino de España, pues la ministra de Sanidad ofreció explicaciones. No como aquí donde no hace mucho murió una persona en un estudio farmacológico de AstraZeneca y de momento las instituciones lo ignoran y/o encubren.

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