ESPAÑA Y SU POLÍTICA: UN EJEMPLO DE LO QUE TENEMOS AQUÍ.

 

Podemos, PSOE e IU aprueban cambiarle el nombre a Palma de Mallorca

El pleno del Parlamento de Baleares ha aprobado este martes una modificación de la Ley de Capitalidad con la que se cambia la denominación de Palma de Mallorca, que pasa a llamarse Palma, cuatro años después de que se acordase la modificación contraria -Palma pasó a ser Palma de Mallorca en el 2012-.

Después de que el pasado mes de mayo el Parlament aprobase, con los votos en contra de PP y C’s, la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Cort para derogar un artículo de la Ley de Capitalidad y que Palma de Mallorca se llame Palma, el pleno de este martes ha rechazado las enmiendas que se mantenían vivas al texto, una de ellas del PI para que se pudiese utilizar el nombre compuesto en el uso promocional de la ciudad.

Durante el debate parlamentario, el diputado del PI Josep Melià ha mostrado su posición a favor del cambio de denominación de la ciudad aunque ha pedido que, “por motivos turísticos”, se habilite la posibilidad de utilizar Palma de Mallorca. Según su opinión, hubiese sido “muy positivo” que se alcanzase un acuerdo entre los grupos para incorporar la ley “lo que es de sentido común”.

En este mismo sentido se ha manifestado C’s y PP, puesto que el portavoz parlamentario de C’s, Xavier Pericay, ha considerado que “es bueno que Palma “en determinadas circunstancias pueda denominarse ‘de Mallorca’”.

“Era un topónimo designado desde la administración del Estado”

Mientras, el diputado del PP Álvaro Gijón ha considerado que la propuesta del PI “es de un sentido común aplastante” y ha asegurado que, cuando el PP vuelva a gobernar, volverán a traer este tema al Parlament. “Renunciar al nombre de Mallorca sólo se entienden si lo que quieren es que vengan menos turistas”, ha declarado.

Podemos, MÉS, PSIB se han mostrado en contra de las enmiendas y a favor del cambio de denominación y han explicado que Palma de Mallorca ha sido un topónimo designado “desde la administración del Estado” y no desde Baleares, ha dicho la econacionalista Bel Busquets.

“¿Por qué hay que ponerle dos nombres a una ciudad que sólo tiene uno?”, se ha preguntado el socialista Jaume Garau, quien ha añadido que ‘Palma de Mallorca’ se está “arrinconando” en el mercado de marketing y cada vez menos las empresas del ramo utilizan esta denominación. “Palma de Mallorca está quedando un término casi residual”, ha zanjado. https://okdiario.com

Pagar una factura en metálico superior a 1.000 euros será ilegal desde el 1 de enero

El Gobierno va a limitar a 1.000 euros el pago en efectivo desde los 2.500 euros actuales para atajar la economía sumergida y el dinero negro, según confirmaron a Europa Press en fuentes del Gobierno, al tiempo que obligará a las grandes empresas a enviar las facturas del IVA en tiempo real para limitar las posibilidades de fraude en este impuesto.

Así constará en el real decreto de medidas tributarias que aprobará el Ejecutivo este viernes, con el que pretende ingresar unos 1.000 millones de euros más y que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año. Junto con la limitación del pago en efectivo a 1.000 euros, las grandes compañías iniciarán el plan de control electrónico de IVA en tiempo real, que será obligatorio para un colectivo de más de 62.000 contribuyentes.

La intención del Gobierno es implantar el próximo año el conocido como Suministro Inmediato de Información (SII), que consiste en el envío electrónico en tiempo real de todas las operaciones que deben figurar en los libros de registros del IVA de las empresas.

El sistema fue ideado por el anterior Gobierno, con la intención de que entrara en vigor el año que viene, pero posteriormente se retrasó su puesta en marcha por la interinidad del Ejecutivo y ahora vuelve a retomarse con las mismas fechas contempladas inicialmente.

Con la entrada en vigor del plan, las empresas deberán remitir electrónicamente en un plazo máximo de cuatro días todos los detalles de sus operaciones (facturas y tiques expedidos y recibidos) que deben anotar en sus libros de registro del IVA (no la factura propiamente dicha), con el importe total de la operación, tipo de factura, identificación fiscal, objeto y destinatario.

De esta forma la Agencia Tributaria, mediante el análisis y cruce de toda esa información, reducirá notablemente el fraude fiscal, una de las lacras del sistema tributario español, y la economía sumergida, especialmente en el IVA, donde son habituales gran cantidad de facturas falsas.

Además de la limitación del pago en efectivo y del nuevo sistema de envío automático de facturas de IVA para las grandes empresas, el Gobierno también ha incluido en el paquete de medidas antifraude una mayor limitación de los aplazamientos de pago en el IVA y el Impuesto sobre Sociedades porque considera que, en un momento de bajísimos tipos de interés, las empresas no deben financiarse a costa del erario público. http://www.euribor.com.es/

El Congreso apoya la derogación de la Ley Mordaza con el voto en contra del PP

La iniciativa del PSOE sale adelante con el voto a favor de Unidos Podemos y los nacionalistas y la abstención de Ciudadanos

El PP ofrece “mano tendida” a pesar de que derechos y libertades están “garantizados” en España, no como “en Cuba y Venezuela”

Ley Mordaza: Los puntos más polémicos que la oposición quiere derogar

La oposición parlamentaria podrá decirle en más ocasiones al Gobierno que la Ley de Seguridad Ciudadana debe ser reformada a fondo, pero no más claro. El Congreso ha aprobado una moción del PSOE para la derogación de la denominada Ley Mordaza, con el voto a favor de Podemos y los nacionalistas y el camino allanado por la abstención de Ciudadanos. Solo Foro Asturias se ha alineado con el PP en el rechazo a la iniciativa de los socialistas.

El apoyo a la moción no ha podido ser completo por el “batiburrillo” en el que considera el resto de la oposición que ha convertido la propuesta el socialista Antonio Trevín, quien ha mezclado muertes en las carreteras, con Centros de Internamiento para Extranjeros, Código Penal Militar, niveles de delincuencia y la oposición al citado texto.

Todos esos retales formaban un “patchwork” -expresión utilizada por el convergente Sergi Miquel- que ha llevado  a los grupos a presentar enmiendas, rechazadas por PSOE con el argumento de la “imposibilidad” de armar con ellas un texto. Finalmente, los cinco puntos de la moción del PSOE se han votado por separado. El primero, el de la derogación de la Ley Mordaza, ha recibido el voto a favor del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, PNV, ERC, Partit Democrata Català y Nueva Canarias. Todos han acordado así dar el pistoletazo de salida a una irreversible reforma del  texto heredado de la legislatura de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

Consciente de ello, el portavoz del PP, José Alberto Martín-Toledano, ha ofrecido “mano tendida” para la mejora del texto en la última frase de su intervención, la misma expresión que utilizó el ministro Juan Ignacio Zoido durante la interpelación de la semana pasada que ha dado pie a esta moción. La primera oración de Martín-Toledano había sido para afirmar que “en España los derechos y libertades de los ciudadanos están garantizados”. En la segunda se ha congratulado de que, “afortunadamente, no estamos en Cuba ni en Venezuela”. Después ha recurrido al nivel 4 de Alerta Antiterrorista, decretado en la actualidad, para oponerse a la derogación de la Ley.

“Devuelvan a los ciudadanos la libertad”

El autor de la moción, Antonio Trevín, ha pedido al Gobierno que “devuelva a los ciudadanos la libertad que les hurtó” con la Ley de Seguridad Ciudadana. “Ustedes creen que una sociedad segura es una sociedad silenciada”, ha espetado a la bancada ‘popular’.

El portavoz de Unidos Podemos, Eduardo Santos Itoiz, también ha reprochado a Trevín la formulación de la moción en forma de “cesta donde ir metiendo cosas”. A pesar de ello se ha mostrado de acuerdo en superar el concepto de “seguridad de orden público” que representa la ley a derogar. “La seguridad son los tres millones de pobres que no llegan a fin de mes, la gente que no sabe si va a poder llevar a sus hijos al colegio o si va a ser desahuciada. Todo eso genera intranquilidad y esa intranquilidad genera una insurgencia”, ha dicho Santos Itoiz. La respuesta del PP es “porra en la calle” y por eso, ha añadido, su grupo se compromete a llevar a la Cámara un texto que contemple un nuevo concepto de seguridad.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Salvador García, ha apostado porque sea el Tribunal Constitucional el que derogue leyes, por lo que ha anunciado una abstención a la moción del PSOE que aseguraba su aprobación.

Por ERC, Gabriél Rufián ha dedicado su intervención a recuperar ejemplos de aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, como las multas a periodistas y otros ciudadanos por grabar actuaciones polémicas de las Fuerzas de Seguridad; y otros en los que no se ha recurrido al texto a pesar de que podrían suponer amenazas más graves para la seguridad. “Apoyaremos por dignidad, decencia, memoria y sentido democrático la derogación de esta canallada, de esta purga, de esta ley, y el cierre inmediato de los CIE de la vergüenza. La lucha sigue”, ha concluido su intervención.

La aprobación de la moción no tiene efectos sobre la Ley, pero abre un camino, todavía no acordado por la oposición, para su reforma. Además de la restricción de derechos expuestos por los diferentes grupos, el PSOE quiere poner el acento en las ‘devoluciones en caliente’ que el texto consagra o en la limitación del derecho de huelga y representación sindical.

Ingreso y condiciones de los CIE

En su intervención, el socialista Trevín ha ido enumerando distintas cuestiones que consideran abundan en la falta de seguridad que origina la moción: los CIE, como “constante fuente de conflictos”; las cárceles, sin medios humanos ni materiales suficientes; las carreteras, con un incremento de 33 muertos más que en el mismo periodo de 2015; las Fuerzas de Seguridad, cuyo número de miembros “ha mermado en los últimos años”; y unos guardias civiles sometidos desde hace horas a un Código Penal Militar que recorta sus derechos y libertades.

El “compromiso inequívoco con la seguridad pública” y “garantizar las plantillas necesarias en Instituciones Penitenciarias” han sido aprobados con siete abstenciones y ningún voto en contra. También ha sido aprobado el punto que insta a que solo ingresen en los CIE aquellos migrantes que presentan “supuestos imprescindibles” y a garantizar los derechos de los internos. Solo el referido a la reforma del Código Penal Militar para que no afecte a los guardias civiles cuando hacen funciones de policía ha sido rechazado. http://www.eldiario.es/

Los directivos del SAS en Sevilla se reparten más de 2,5 millones en incentivos, según Satse

La consejería de Salud se defiende señalando que los «liberados sindicales» también reciben parte de esta productividad.

El Sindicato de Enfermería (Satse) de Sevilla ha denunciado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no les ha trasladado información detallada del reparto del complemento de rendimiento (CRP) correspondiente al año 2014 ni los criterios seguidos para las evaluaciones de los profesionales y de las unidades, y vuelve a repartir «sumas escandalosas de dinero» a modo de incentivos entre los directores de las Unidades de Gestión Clínica (UGC) y los directivos de los centros sanitarios del SAS, mientras que los profesionales sanitarios continúan sin recuperar «sus condiciones laborales y los derechos que les han sido recortados».

Según ha indicado el sindicato en una nota, sólo en Sevilla, la Administración andaluza ha repartido «más de 2,5 millones de euros entre dichos cargos», que corresponden a los objetivos alcanzados en el ejercicio de 2014 y que «son percibidas por los directores de UGC y los directivos de los centros sanitarios al margen de sus salarios habituales».

Además, el sindicato advierte que «se desconocen los mecanismos de evaluación» de directivos y cargos, que al mismo tiempo «no es objetivo», ya que no parece tener correlación la puntuación de los cargos con el resultado de las propias unidades y profesionales de la unidad que gestionan y lideran, siendo cifras «no coincidentes».

Incentivos por recortar en material y personal

Seguidamente, denuncia que dichas retribuciones «están garantizadas por la torticera política economicista» que se aplica en la gestión de cada unidad de los centros, es decir, que «los recortes que se efectúan en materia de personal y contratación y la reducción de recursos materiales que se pone a disposición del paciente para su atención, asegura que cada año los directivos reciban su productividad».

A su vez, el sindicato apunta que las cantidades percibidas por los directores y cargos de UGC por centros en Sevilla «ha sido en el Distrito Sanitario Aljarafe de 151.803,70 euros, en el Distrito Sanitario Norte 137.036,17 euros, en el Distrito sanitario Sevilla 311.003,25 euros, en el Distrito Sanitario Sur 245.531,56 euros, en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna299.481,30 euros».

Datos «extrapolables» al resto de centros

Asimismo, Satse señala que estos datos son «extrapolables» a los centros hospitalarios de la provincia, teniendo en cuenta que la nota individual media con la que han sido evaluados los directivos de estas UGC es de nueve sobre diez, mientras los profesionales han obtenido notas individuales de entre seis y siete y medio de media, e incluso «algunos no han sido evaluados o no han superado el cinco, siendo los profesionales de base los que han tenido que asumir la asistencia sanitaria incluso con menos recursos humanos y materiales que en años anteriores y garantizar la asistencia sanitaria a los usuarios».

Por su parte, el Sindicato acusa a la Administración de permitir que «en detrimento de la sanidad pública andaluza, con medidas, entre otras, como el cierre de camas y de servicios en época estival, la contratación al 75 por ciento, el mantenimiento de las plantillas deficitarias, la ausencia de la devolución correspondiente a la paga extra 2012, pone en riesgo la atención que recibe el paciente, en beneficio económico de los directivos de los centros del SAS y de los directores de UGC».

Saste finaliza asegurando que el SAS «pierde toda la credibilidad», cuando por un lado impone recortes sociales en recursos y medios a ciudadanos, y «machaca» a los profesionales, y por otro lado «reparte dividendos entre los directivos de varios cientos de miles de euros, a costa de pacientes y profesionales».

Así, para el sindica es «indecente», que estos cargos continúen percibiendo unos incentivos que «deberían estar destinados a la recuperación de los derechos y condiciones laborales de los profesionales sanitarios, y a garantizar el sostenimiento de la sanidad pública andaluza, la cual presenta síntomas de estar cada vez más mermada».

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