COORDINADORA ANTI PRIVATIZACION DE LA SANIDAD

 

(2016-11-30) Coca-Cola y Pepsi compran a organizaciones sanitarias para que no les vinculen con la obesidad

Coca-Cola y Pepsi destinan millones a evitar que sus nombres queden vinculados a los cada vez más crecientes índices de obesidad. Así, un estudio acaba de publicar la lista de asociaciones científicas, médicas, universidades y agencias del Gobierno a los que pagan los gigantes de los refrescos en EEUU para tapar su vínculo con lo que ya se empieza a considerar como una epidemia en dicho país.

El consumo de bebidas azucaradas ha quedado constatado como una de las grandes causas de obesidad. Cada lata de refresco contiene 40 gramos de azúcar, densidad bastante más alta que la de los 25 diarios que la Organización Mundial de Salud (OMS) considera adecuada.

Un nuevo estudio publicado por el American Journal of Preventive Medicine detalla que dos de los principales fabricantes de bebidas azucaradas a nivel mundial, Coca-Cola y PepsiCo, financiaron en EE.UU. a 96 organizaciones clave en la promoción de hábitos saludables y la lucha contra la obesidad o la diabetes. Y ello con el fin de limitar las críticas científicas a los refrescos y restar apoyos a las leyes que limitan su consumo.

La Asociación de Diabetes de EE UU, la Fundación de Investigación de la Diabetes Juvenil o la Sociedad Americana de Cáncer figuran en la relación de entidades receptoras de fondos. En ella también aparecen la mayor asociación de médicos del país, la AMA, la Cruz Roja, o incluso el Centro de Control de Enfermedades, órgano dependiente del gobierno estadounidense que vela por la promoción de hábitos sanos.

Práctica extendida nivel mundial

“Nos hemos centrado en EEUU, pero el número de entidades que reciben fondos de estas dos empresas en todo el mundo debe ser mucho más alto”, explica Daniel Aaron, investigador de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Boston y coautor del estudio.

La investigación resalta el caso de la ONG Save the Children, que apoyaba los impuestos a los refrescos, pero que dejó de hacerlo en 2010 después de recibir más de cinco millones de dólares de Coca-Cola y PepsiCo en 2009.

Entre 2011 y 2014, Coca-Cola gastó de media más de seis millones de dólares (unos cinco millones de euros) al año en este tipo de acciones. PepsiCo gastó tres millones y la Asociación de Bebidas de EE UU, un millón, según el estudio.

Sin embargo, otras como la Academia de Dietética y Nutrición o la Academia de Pediatría de EEUU rechazaron cualquier tipo de inyección económica procedente de ambas multinacionales de bebidas.

(2016-11-29) España tiene la peor ratio de enfermeras por médico de la zona euro.

La OCDE señala que en 2014 había 1,4 enfermeras por cada médico, dato solo superado por el 1,1 de Bulgaria.

El gráfico del ratio enfermeras por médico deja a España en penúltima posición de la UE y última de la zona euro.

La ratio que mide el número de enfermeras por cada médico deja a España en mal lugar. En concreto, en el vagón de cola, con 1,4 enfermeras por cada galeno, una cifra solo empeorada en la Unión Europea por el 1,1 que registró Bulgaria en 2014.

Así lo reflejan los datos que ha publicado la OCDE en su informe ‘Health at a glance’, que señalan que si la media europea de los 28 estaba en 2,5 enfermeras por cada médico, España se queda lejos de los valores más altos, como los de Finlandia (4,7), Dinamarca (4,5) o Luxemburgo (4,2).

En este sentido, la OCDE recuerda que la ratio enfermera por cada médico es generalmente baja en países como España, Portugal, Grecia o italia, “lo que sugiere una insuficiencia de enfermeras respecto a los médicos y una ineficiencia en la asignación de tareas“.

Respecto al número general de enfermeras, la situación española tampoco es positiva, ya que si la media europea es de 8,4 por cada 1.000 habitantes en 2014, España se queda en las 5,2 profesionales, quinta posición por la cola pese a haber crecido ligeramente desde el año 2000.

En el extremo opuesto están países como Dinamarca, con 16,5 enfermeras por cada 1.000 habitantes, Finlandia, con 14,1 o Alemania, con 13,1. Fuera de la Unión Europea también destacan los datos de Suiza, con 17,6 enfermeras por cada 1.000 habitantes y Noruega, con 16,9.

Mejor panorama médico.

Respecto al número de doctores, la OCDE señala que desde el año 2000 han crecido las cifras en todos los países europeos, salvo en Francia, donde el número se ha mantenido estable. “Existe un crecimiento sustancial desde el año 2000 aunque éste se estabilizó en los países más golpeados por la crisis desde 2008, como Grecia o España”, explican.

La media de la Unión Europea de los 28 se mantuvo en 2014 en 3,5 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que España se quedó en los 3,8 profesionales, ligeramente por encima de la media y con aumentos desde el año 2000. En concreto, el número de médicos en España creció hasta 2011, pero a partir de entonces se mantuvo estable e incluso ha llegado a descender ligeramente.

En los primeros puestos respecto al número de galenos por cada 1.000 habitantes se sitúan Grecia, con 6,3, Austria con 5,1 y Portugal, con 4,4.

(2016-11-29) Madrid: como era de esperar, prorrogan la privatización del laboratorio central

Como era de esperar, el gobierno del PP ha hecho valer la cláusula que le permitía prorrogar la privatización del Laboratorio Central (actualmente en manos de Ribera Salud y Unilabs) por dos años más, hasta 2018. La renovación lleva aparejada la asignación de una partida de casi 38 millones de € para “atender” las pruebas de 1,2 millones de madrileños dependientes de los hospitales de propiedad privada de modelo PFI.

Es necesario hacer historia para conocer como se ha llegado a la situación actual.

En junio de 2009 tuvo lugar la apertura del Laboratorio Central de Referencia en San Sebastián de los Reyes. Este centro fue construido en terrenos públicos, cedidos a la empresa privada por acuerdo unánime en pleno municipal de PP, PSOE, IU e Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes.

El laboratorio citado fue adjudicado hasta 2016, con una prórroga de 2 años mas, para su explotación a Ribera Salud, que recibiría 125 millones de € por los primeros 8 años. A cambio, procesaría las muestras de más de un millón de personas, para lo que se cerraron los laboratorios públicos de Coslada, Aranjuez, Vicente Soldevilla- Vallecas (abierto solo 4 años antes) y Virgen de la Torre-Vallecas (convirtiéndose en el primer hospital sin laboratorio). Estos laboratorios públicos venían funcionando perfectamente, tenían mayor proximidad a los centros sanitarios desde donde se les enviaban las muestras, y era posible un contacto directo ante cualquier problema que pudiera surgir.

En septiembre de 2009, los sindicatos de la Mesa Sectorial (CCOO, UGT, CSIT-UP, FEMYTS y SATSE), firmaron el Acuerdo que permitió a Esperanza Aguirre “trasladar forzosamente” a los más de 90 trabajadores de los laboratorios públicos y hacer efectivo el cierre y la derivación de muestras al privado.

En noviembre de 2012 Unilabs entró en el negocio al comprar por 5 millones € a Balagué Center y AMS –presentes en la UTE junto a Ribera Salud- las acciones de los anteriores. Curiosamente en el consejo de administración de Unilabs estaba por esas fechas el ex consejero de sanidad Juan José Güemes, que había privatizado el servicio.

Ante las críticas surgidas, en 2013 Juan José Güemes presentó la dimisión, no sin antes defender que no había existido trato de favor hacia Unilabs.

Desde el inicio de su andadura este laboratorio ha estado en el punto de mira de las quejas de los profesionales debido al mal servicio prestado, lo que solo ha dado lugar a una multa de 90.000 € en 2013 por las demoras en los resultados o por hacer pruebas no solicitadas, multa irrisoria que nunca fue pagada ya que fue perdonada por el presidente autonómico Ignacio González.

En definitiva, la existencia del laboratorio privado central ha sido resultado de la colaboración de diferentes “agentes sociales” (algunos de los cuales no tienen la más minima vergüenza de difundir luego comunicados contra la privatización), pero sobre todo es resultado de la existencia de la Ley 15/97, ley básica que garantiza seguir poniendo en manos de empresas privadas de todo tipo las partes rentables del sistema sanitario de administración estatal.

(2016-11-28) Andalucía: denuncian que la Junta reduce el tiempo por paciente de 7 a 6 minutos en lugar de contratar personal

La política habitual de cualquier gerencia de atención primaria que se preste es la de presionar a los mandos intermedios (directores de centro, coordinadores), para que reduzcan desde el gasto medio por paciente, a las sustituciones de las ausencias de profesionales, las bajas laborales y su duración, etc, Esto se consigue fundamentalmente aupando a estos puestos a personal dócil y maleable que cumpla los objetivos economicistas impuestos desde las Direcciones, y relegue a un segundo (o tercer) plano las necesidades de los pacientes.

Y esto ocurre en todos los servicios de salud del estado, gobierne el partido político que gobierne, que utilizan la zanahoria de los incentivos para premiar estas prácticas perversas, y el palo cuando alguien osa cuestionarlas.

En Andalucía, se ha perfeccionado aún más este sistema perverso mediante las unidades de gestión clínica, modelo replicado poco a poco por el resto de las comunidades autónomas, ya que tiene la ventaja de implicar en las medidas de recorte a los profesionales bajo la farsa ilusionante de que participan en la gestión y en la toma de decisiones, cuando lo cierto es que les traspasan las tijeras para que ejecuten los recortes.

Sin embargo, de vez en cuando, algunos profesionales rompen la unanimidad y tienen la sensatez de denunciar lo que está ocurriendo, como es el caso del director del centro de salud (unidad de gestión clínica) de Pino Montano, en Sevilla.

LA NOTICIA

«No creo que la rapidez sea una virtud, ni que el derecho a la inmediatez supere el de la calidad. No sé por qué en el ámbito sanitario no se respeta el tiempo que cada profesional debe tener para realizar el desempeño de su profesión con un mínimo de dignidad. Ni sé por qué no nos sustituyen cuando estamos enfermos o ausentes por cualquier otro motivo. Ni sé por qué no nos dotan de más personal cuando está claro y documentado que son necesarios. El recurso a ver más gente y más rápido es muy fácil y muy antiguo, el criticar al profesional por no ser capaz de gestionar la demanda también. Culpabilizar al profesional… lo de siempre».

Así se despacha en una carta a sus compañeros el ya ex director del centro de salud Pino Montano B, que firma con su nombre, Pepe Pérez Quintero, y como simple pediatra, porque ha renunciado a su cargo sintiéndose «desautorizado y agredido en mis funciones».

La carta circula también entre los pacientes de un centro de salud que destaca por su saturación desde hace años. Un dato: el cien por cien de los médicos de atención primaria tiene asignado el máximo de pacientes: 1.800. Otro: para obtener una cita con el médico de familia se necesitaban no menos de seis días, lo que según la Consejería de Salud originó su decisión de reducir el tiempo de asistencia dedicado a cada usuario de siete a seis minutos, cosa que el ex director lamenta. «Defiendo la calidad asistencial, la dignidad profesional y el derecho de los ciudadanos a recibir todo lo mejor que podamos darles, y veo que todo eso está reñido con los puntos de vista de los que nos superan en rango», opina.

La Consejería explicó ayer que «respetamos y entendemos los motivos de la dimisión de este profesional, pero esto obedece a una disparidad de criterios con respecto a una reorganización que se ha visto necesaria en el centro de salud», atendiendo –aclaran en la Junta– a las quejas que las asociaciones han transmitido, relacionadas con la gestión de las citas y la atención sanitaria, sobre todo por el bloqueo de las agendas. Esta situación «se constató, y se planteó una reorganización del centro que está dando sus frutos. Desde entonces, las citas se dan de un día para otro sin problema», informó Salud, que añadió que además se ha eliminado la saturación que se producía en urgencias. Salud ha incorporado al centro a un administrativo y, «a partir de enero», llegarán un médico y un profesional de enfermería.

Los centros de salud de Pino Montano llevan tiempo colapsados, según diversas asociaciones vecinales agrupadas en la Plataforma por una buena salud del Distrito Norte. La situación la han denominado en varias ocasiones como «desmesurada masificación y preocupante falta de especialidades» de sus dos centros de salud, el A y el B. Éste último atiende a 21.000 usuarios, y el primero a unos 18.000.

La Plataforma se reunió ayer para analizar la situación del centro de salud y estudiar la necesidad de tomar algún tipo de medida.

(2016-11-28) Valencia: La investigación a Ribera Salud allana el camino para rescatar tres hospitales privatizados valencianos

La empresa que gestiona los centros de Alzira, Torrevieja y Elche está siendo investigada por cobrar comisiones por prótesis pagadas con dinero público.

La Conselleria de Sanidad ya ha remitido al juzgado un informe solicitado en mayo, lo que determinará los posibles delitos cometidos, así como sus responsables.

La recuperación para la sanidad pública de los hopitales de gestión privada es una de las principales apuestas del Consell que preside Ximo Puig, tal y como quedó plasmado en el Pacto del Botànico.

En este sentido, la investigación judicial abierta por el presunto cobro de comisiones ilegales por la compra de prótesis pagadas con dinero público a Ribera Salud, empresa que gestiona los centros de Alzira, Torrevieja y Elche, puede allanar el camino para lograrlo antes de que acaben las concesiones.

Aunque las pesquisas se han iniciado en los últimos meses, la investigación puede alargarse en el tiempo al menos 18 más, después de que el juzgado haya declarado la causa compleja.

Si bien es probable que el Consell rescate para el sistema público el hospital de Alzira, cuya concesión caduca en 2018, antes de que finalice el proceso judicial, no es menos cierto que en función de cómo concluya el proceso podría adelantarse la recuperación de los centros hospitalarios de Torrevieja, cuyo contrato de gestión vence en 2021, y de Elche, que finaliza en 2025.

Los portavoces de los partidos que gobiernan la Generalitat (PSPV-PSOE y Compromís) consideran que a raíz de esta investigación se puede abrir un expediente sancionador a la empresa e incluso rescindir la concesión.

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ya ha manifestado que va a llegar hasta el final para esclarecer el caso, pero que hay que ir paso a paso.

De momento, Sanidad ha hecho un requerimiento a Ribera Salud para que le remita toda la información sobre su relación con la empresa B2B (su central de compras), como los contratos, la financiación o el plan financiero.

Fuentes de Sanidad han informado de que este mismo viernes han remitido al juzgado el informe solicitado en mayo, lo que determinará los posibles delitos cometidos, así como sus responsables.

Así, la Fiscalía ya ha pedido la imputación de Alberto de Rosa y Pablo Gallart, los administradores de B2B.

Los informes que maneja la investigación apuntan a que en 2015 podrían haberse cobrado comisiones de hasta del 23% en marcapasos, que habrían reportado más de 96.000 euros de un solo proveedor, y hasta del 30% en prótesis de rodilla y cadera, que habrían supuesto comisiones de 44.000, 50.000 e incluso 70.000 euros, según los proveedores.

Por su parte, Ribera Salud emitió en su momento un comunicado en el que niega la información publicada y explica que B2B Salud, creada en 2009, no solo es la central de compras del grupo Ribera Salud, sino también de servicios compartidos, logística y consultoría.

Señala que el beneficio declarado en 2015 por B2B después de impuestos fue de 1.289.027 euros, un beneficio que responde “a las mejores condiciones en la negociación”.

(2016-11-24) Médicos denuncian que la incineradora emitirá 250 veces más mercurio de lo permitido.

Médicos de la asociación Grupo de Estudio Incineradora y Salud (GEIS) han asegurado que la futura incineradora de Zubieta emitirá «en un día el mercurio permitido para 3.780.000 niños» y «tanto CO2 como 165.000 coches».

En rueda de prensa en Donostia, los médicos de GEIS José Curz y Maialen Berridi han explicado que según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de Mercurio tolerable en aire es de 0,2 microgramos por metro cúbico, mientras que «según el informe de impacto medioambiental, la Diputación prevé que la incineradora emita 50 microgramos», lo que supone el aire estaría «250 veces más contaminado de lo permitido».

Han alertado además de que un informe realizado en 2015 por Tecnalia en torno a la incineradora vizcaina de Zabalgarbi detectó que se ha triplicado la cantidad de arsénico. GEIS apunta que «una exposición al arsénico similar a la de Zabalgarbi» tendría en este caso «consecuencias muchísimo más graves» ya que, en torno a Zubieta, «hay varios colegios» y los menores «son los más vulnerables ante este tipo de tóxicos».

Respecto a las emisiones de CO2, ha calificado de «auténtico despropósito» que la Diputación intente «relativizarlas» con el argumento de que «la incineradora contamina igual que los fuegos artificiales o que el tráfico».

Tras indicar que «en 2014 Zabalgarbi emitió a la atmósfera 235.000 toneladas de CO2», GEIS ha explicado que «si de media un automóvil emite 148 gramos por kilómetro» y, según las aseguradoras, cada vehículo hace unos 10.000 kilómetros al año, la incineradora vizcaina «contamina igual que 160.000 coches».

Los médicos han considerado «muy inquietante» cómo plantea la Diputación de Gipuzkoa hacer las mediciones de los tóxicos que emitirá la incineradora, ya que «no está previsto realizar controles permanentes de emisiones de dioxinas, ni de muchos metales pesados».

«De hecho, en Zabalgarbi tampoco se realizan. Se limitan a hacer muestreos trimestrales de ocho horas de duración, como exige la ley. Es decir, el 0,3% del tiempo», insiste el GEIS, antes de instar a la Diputación de Gipuzkoa «a organizar unas jornadas científicas sobre la influencia de las incineradoras en la salud».

(2016-11-24) Aprobada PNL de Ciudadanos en favor afectados de Talidomida.

Aprobada PNL hoy por UNANIMIDAD presentada por Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, y en concreto el punto 4 del Orden del Día Sobre la protección de las personas afectadas por la Talidomida. (Núm. Exp. 161/000331).

La PNL contempla las siguientes medidas:

1.- Reabrir con urgencia el Registro de afectados en RD 1006/2010 ampliando alcance, condiciones y procedimiento para reconocimiento a personas que sufrieron malformaciones corporales durante la gestación, ampliando el periodo a los nacidos entre 1955 y 1985.

2.- Crear una Unidad de Diagnostico de daños por Talidomida en colaboración con Comunidades autónomas, y a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para su determinación.

3.- La unidad que se cree, tendrá en cuenta criterios científicos aceptados internacionalmente.

4.- Proceder a indemnizar a pacientes de acuerdo con tabla de valoración de discapacidad, así como el pago de prestaciones justas en el plazo máximo de 2018.

5.- Facilitar al máximo los tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos, y eliminar copago de otras prestaciones originadas por sus lesiones mediante las modificaciones legales oportunas.

6.- Analizar las exenciones fiscales y tributarias sobre eventuales percepciones dinerarias, prestaciones y/o indemnizaciones percibidas por los afectados de Talidomida.

7.- Abrir un periodo de negociación con la compañía Grünenthal, a fin de que esta asuma y contribuya económicamente a la reparación del daño causado.

8.- Reconocer el trabajo de años y la contribución de todas las personas afectadas y sus familiares han tenido a lo largo de todos estos años, tanto para reivindicar su derecho a un justo resarcimiento por el daño causado, como por la contribución que han hecho a mejorar el sistema de farmacovigilancia y evitar situaciones como la de la Talidomida pudieran llegar a reproducirse.

9.- Crear un comité de seguimiento de la legislación solicitada en el que estén presentes los afectados representados por sus asociaciones de víctimas, a fin de velar por el correcto cumplimiento de esta iniciativa.

(2016-11-23) Chris Sander. “Las farmacéuticas impiden el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer”

El padre de la bioinformática explica cómo la computación puede ayudar a comprender la complejidad de cada tumor y buscar tratamientos especializados.

Los grandes proyectos de secuenciación del genoma del cáncer iniciados hace una década han demostrado que cada tipo de tumor es tan diferente de otro a nivel genético y molecular que parecen enfermedades distintas. Esa heterogeneidad también se da dentro de cada paciente, una célula de un tumor puede ser muy distinta de la de al lado. Y toda esta variabilidad genética puede explicar por qué unas personas (y células) responden a los tratamientos oncológicos y otras no.

“Con tanta complejidad, sólo utilizando ordenadores se podrá resolver el problema”, explica Fátima Al-Shahrour, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Al-Shahrour es especialista en bioinformática, una disciplina en expansión que mezcla el poder de cálculo de los ordenadores actuales con herramientas prestadas de las matemáticas y la estadística para analizar la inmensidad del Big Data genético del cáncer. Al-Shahrour ha sido una de las organizadoras de un congreso internacional del CNIO y La Fundación La Caixa que se ha centrado en cómo entender y combatir la heterogeneidad del cáncer gracias a la bioinformática.

Chris Sander, uno de los padres de esta disciplina, ha sido la estrella del congreso. Es investigador del Instituto de Cáncer Dana-Farber de Boston (EEUU) y uno de los líderes del Atlas del Genoma del Cáncer, un consorcio estadounidense que ha estudiado las variaciones genómicas de 30 tipos de tumores en 20.000 personas. “Esta base de datos nos abre ahora la visión a los detalles microscópicos de lo que sucede cuando hay un cáncer”, resalta Sander. Físico teórico, se pasó a la biomedicina hace más de cuatro décadas. Sander ha dearrollado algortimos capaces de resolver problemas de biología que se le resistían a los mayores superordenadores del mundo y creado unidades de bioinformática en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular y el Centro de Cáncer Memorial Sloan-Kettering de Nueva York. En esta entrevista explica cómo la bioinformática puede ayudar a encontrar nuevas terapias combinadas más efectivas y asequibles.

Pregunta. ¿Qué le diría a una persona con cáncer sobre cómo la bioinformática puede mejorar los tratamientos?

Respuesta. Por ejemplo, hemos demostrado que hay tumores cerebrales que parecen muy similares, pero cuando los analizas desde el punto de vista molecular y genético resulta que cada persona tiene un tumor diferente. Es la heterogeneidad del cáncer, lo que implica que cada uno necesitará una terapia diferente. Nosotros podemos relacionar el paisaje complejo de cada tumor y el número de drogas disponibles para encontrar la combinación correcta. Inicialmente lo vamos a estudiar en ensayos clínicos con pacientes y después comenzará a hacerse en los hospitales, como terapia.

P. Usted defiende que los pacientes también pueden tener un papel más activo en la lucha contra el cáncer

R. Sí. Por ahora el poder de la genómica en el cáncer son los más de 60.000 tumores analizados a nivel de genética molecular. Esa es la montaña de datos que tenemos. Lo que nos falta es una información equiparable sobre personas. Esa información está bloqueada en los hospitales y es incompleta. Tenemos que trabajar para estructurarla bien, publicarla y compartirla, de forma que podamos pasar de una montaña de datos genéticos a otra de datos de salud personales, historias médicas, estilos de vida, etc. Mi petición a los pacientes es que trabajen con la comunidad de ingenieros informáticos, los geeks, y que les dejen captar su información de salud a través de sus teléfonos inteligentes, de forma que podamos obtener esa información directamente de ellos. Esto ya está pasando, hay programas pilotos en marcha.

P. ¿Debe la gente preocuparse porque se expongan sus datos de salud?

R. Deberíamos crear un derecho constitucional de cada persona a la propiedad sobre su información genómica y de salud. Una vez tengas ese derecho podrás guardarte los datos solo para ti o compartirlos. Hay gente con un cáncer muy agresivo que quiere compartir sus datos mientras estén vivos porque esperan ayudar a otras personas conectadas, igual que en Facebook. Si conseguimos proteger ese derecho, creamos la libertad de compartir información. Y si lo hacemos bien, tendremos una base de datos extremadamente poderosa. Podremos multiplicar por 10 o por 100 los beneficios que ya permite la bioinformática en el tratamiento de tumores.

P. ¿Los ordenadores también pueden encontrar nuevos usos a fármacos ya existentes?

R. Sí. Especialmente con las llamadas terapias combinadas, cuando usas varias drogas juntas para combatir tumores que son resistentes a un fármaco. Una derivada de esto es que puedes evitar usar los fármacos más caros, de digamos unos 200.000 euros, y sustituirlos por una combinación de otros ya aprobados mucho más baratos. Este reposicionamiento ofrece una enorme oportunidad. Pero las grandes farmacéuticas se oponen. Han hecho grandes contribuciones para curar el cáncer, pero no están interesadas en hacer ensayos clínicos si no tienen la oportunidad de sacar un montón de dinero. Si una combinación contiene un medicamento barato, las grandes farmacéuticas no harán el ensayo porque no aumentará sus beneficios. Por eso tenemos que encontrar la forma de hacer ensayos clínicos alternativos, financiados con dinero público. Es un problema social y político, pero hay la oportunidad de aportar un enorme beneficio a los pacientes con cáncer si hacemos ensayos públicos, por ejemplo sobre tumores muy especializados que no les interesan a las grandes compañías.

P. ¿Así que las grandes farmacéuticas se oponen al desarrollo de nuevos tratamientos?

R. Sí. Están poniendo el foco en una sección demasiado pequeña, debemos ampliar las miras.

P. ¿Cuándo llegarán las terapias mejoradas gracias a la bioinformática?

R. Ya. Es parte del sistema global de desarrollo de nuevas terapias. Por ejemplo, considera el melanoma, una enfermedad mortífera y muy rápida. Los nuevos ensayos clínicos de inmunoterapia han tenido una tasa de éxito de entre el 40% y el 50% dos años después del tratamiento, es decir, hay gente que potencialmente se ha curado o al menos no se morirá de melanoma. Es un logro rompedor. No se desprende directamente de la bioinformática, pero esta está ayudando a mejorar los resultados relacionando los tratamientos con el perfil genético de la gente y mostrando quién puede responder mejor.

P. ¿Cómo cree que afectará la victoria de Donald Trump a la ciencia en EE UU?

R. Yo le llamo basura [dump, en inglés], por razones obvias. Hace 77 años ya vimos dónde llevan ciertos movimientos políticos. Creo que ese es el mayor riesgo. Alguno de los políticos que han ganado las elecciones han negado la base científica del cambio climático, incluso en sus filas cuestionan la evolución. Si esa enemistad a la ciencia se traduce en recortes, habrá un problema en la investigación del cáncer. Como científicos debemos alzar al voz para que no haya un nuevo movimiento anticientífico.

P. ¿La medicina personalizada podría incrementar la desigualdad en algo tan importante como la salud?

R. Hay un problema sin resolver. Si quisiéramos reducir las muertes por cáncer en el mundo con una sola acción, esa sería una campaña mundial contra el tabaco y a favor de cambios en la dieta y los hábitos de vida. En una conferencia científica reciente en Singapur hubo una ponencia de Phillip Morris, una de las empresas del cáncer, que aseguraban estar haciendo investigación positiva en biología de sistemas. Cuando miré de qué se trataba, estaban desarrollando nuevos cigarrillos un poquito menos peligrosos ¡y los presentaban como si fuera ciencia! Como seres humanos estamos permitiendo que haya muertes por cáncer totalmente innecesarias y deberíamos pararlo. A no ser que solucionemos estos problemas sociales, la ciencia no podrá cambiar las cosas.

(2016-11-22) Valencia. ¿los hospitales privatizados cobraron comisiones por prótesis pagadas con dinero público?

La práctica se habría realizado desde la central de compras B2B Salud, del mismo grupo que Ribera Salud, empresa que gestiona los hospitales valencianos de Alzira, Elche y Torrevieja.

Un juzgado valenciano investiga, con la participación de la Fiscalía Anticorrupción, si la principal concesionaria privada de hospitales públicos, emblema del denominado “modelo Alzira” que implantó el PP durante sus años de gobierno, ha cobrado comisiones por prótesis pagadas con dinero público. La investigación, en fase de diligencias previas, es consecuencia de una denuncia presentada ante la policía.

“El proveedor abonará a B2B Salud el importe resultante de aplicar el porcentaje del X% a la cuantía que el proveedor hubiera facturado sin IVA a los hospitales adheridos a la plataforma integrada de compras y servicios compartidos”. Así regula el contrato confidencial entre la central de compras de Ribera Salud y las empresas farmacéuticas, al que ha tenido acceso eldiario.es, lo que califica como “cuota de facturación”.

La revelación por el diario El Español de que las concesiones sanitarias privadas que gestiona Ribera Salud en la Comunidad Valenciana, en los hospitales de Alzira, Torrevieja y Elche, han funcionado con un sistema que ha deparado a B2B una facturación de 10,6 millones de euros y unos beneficios de 3,3 millones en sus seis años de funcionamiento, hizo reaccionar hace unos días a la Generalitat Valenciana, ahora gobernada por la izquierda. Ribera Salud no reflejó en sus cuentas anuales presentadas a la Administración autonómica la existencia de esas cuotas de rappel.

La empresa sanitaria ha defendido la “legalidad de sus operaciones” y ha indicado que B2B Salud funciona como otras centrales de compras. Y ha añadido que, en todo caso, la suma del beneficio obtenido por B2B y el de la explotación de la concesión hospitalaria “está muy lejos del beneficio tasado del 7,5% de la TIR (tasa interna de rentabilidad) que marca la cláusula limitativa del contrato”. Dicho de otra manera, el uso de B2B haciendo negocio como intermediaria de los suministros no supera el límite de beneficio estipulado del 7,5% de lo que Ribera Salud ha invertido en los hospitales que gestiona.

El gobierno valenciano que preside Ximo Puig ha anunciado desde el principio que quiere revertir los hospitales que privatizó el PP a la red pública y el hospital de Alzira, capital de la comarca de la Ribera Alta cuya concesión caduca en 2018, es el primer candidato. La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha reclamado a Ribera Salud que en el plazo de 15 días aporte toda la documentación sobre la facturación de B2B Salud y la vicepresidenta Mónica Oltra aseguró: “B2B no es una central de compras, esto está hecho para otra cosa”.

Esa “otra cosa” puede ser la que se investiga judicialmente. Más allá del conflicto por la gestión privada de la sanidad pública (Ribera Salud gestiona directamente la cobertura de 636.400 personas y participa indirectamente con un 35% en el hospital de Dénia) y sobre la opacidad en las cuentas que revelan episodios como el de B2B, un juzgado investiga si la “cuota de facturación” se ha aplicado también a la compra de prótesis.

Las concesionarias privadas reciben una “cápita”, el pago de una cantidad que se calcula en función de lo que cuesta a la Generalitat valenciana la atención sanitaria por habitante y año, para hacer frente a los gastos de la atención hospitalaria. Pero quedan exentas de los gastos de farmacia, prótesis, transporte sanitario y oxigenoterapia. Las facturas de esos servicios, de difícil rentabilidad, los paga la Administración. Y lo que se investiga es si B2B, al adquirir prótesis para los hospitales de Ribera Salud, ha cobrado también un porcentaje sobre suministros que, en definitiva, acaba pagando la Conselleria de Sanidad.

Los informes que maneja la investigación apuntan a que en 2015 podrían haberse cobrado porcentajes hasta del 23% en marcapasos, que habrían reportado más de 96.000 euros de un solo proveedor, y hasta del 30% en prótesis de rodilla y cadera, que habrían supuesto comisiones de 44.000, 50.000 e incluso 70.000 euros, según los proveedores.

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