PP:ESPIONAJE

 

El espionaje a Ignacio González se ordenó desde el PP de Madrid y costó 300.000 euros

EL MUNDO accede a la grabación de la reunión entre representantes del ex presidente madrileño y los abogados del detective que le siguió a Colombia.

González propició la cita en marzo de 2011 en el Gobierno regional y ofreció atenuantes al detective si contaba quién encargó el trabajo y cómo se abonó.

Los letrados del espía revelaron que el encargo fue hecho por miembros del PP y que se recurrió a un empresario amigo para pagar con facturas falsas.

El espionaje en Colombia al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se encargó desde el PP, costó 300.000 euros y se pagó con facturas falsas.

Así lo relataron con todo lujo de detalles los abogados del detective Mariano Ortiz,que realizó personalmente los seguimientos, en presencia de dos representantes de González. Los letrados Alejandro Mata y Julio Hernández se reunieron en secreto con los emisarios del ex alto cargo el 29 de marzo de 2011 en las dependencias del Gobierno madrileño.

EL MUNDO ha tenido acceso a la grabación de aquella cumbre sobre el espionaje en la Comunidad de Madrid, instada por los subordinados del entonces número dos de Esperanza Aguirre y que tenía como objetivo conocer de primera mano quién ordenó el trabajo de seguimiento a González junto a la cúpula del Canal de Isabel II entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre de 2008. Pero también cómo se financió. Toda vez que González sospechaba de su entorno, especialmente del entonces consejero de Presidencia, Francisco Granados, y quería pruebas para esgrimirlas internamente contra él.

Desde el Gobierno madrileño se planteó a los letrados Mata y Hernández que el investigador confesara lo que supiera y que, a cambio, harían lo posible para rebajar su hipotética condena en el procedimiento judicial por revelación de secretos en el que se investigan los hechos y en el que la acusación la ostenta precisamente todavía la Comunidad de Madrid.

En esa línea se emplazó a los letrados del detective en aquella cita a que contasen «toda la verdad» sobre este asunto, subrayando que su cliente tenía prácticamente la condena asegurada en el proceso judicial, al ser quien realizó materialmente el trabajo.

Cabe recordar que Ortiz fue quien se desplazó a Colombia tras ser contratado por la agencia de detectives madrileña Mira, propiedad de Julio Gutiez. El detective procedió a la grabación de la comitiva madrileña en Cartagena de Indias, inmortalizando conversaciones en las que González y sus acompañantes, entre los que se encontraban Ildefonso de Miguel, entonces gerente del Canal de Isabel II, hablaron de bufetes panameños y bancos suizos.

Asimismo fueron grabados portando unas bolsas cuyo contenido, según los espiados, eran toallas, y a juicio de los investigadores, contenían dinero en efectivo.

Los letrados Mata y Hernández, a preguntas de este periódico, aseguran que nunca supieron que dicha reunión iba a ser grabada.

Tras un intercambio de frases de cortesía, los cuatro asistentes al encuentro entraron en materia. «Bueno, al tema», indicaron rompiendo el hielo. «A ver si lo hemos entendido bien», comenzaron los representantes de González ante unos expectantes abogados, que no sabían qué se iban a encontrar.

«Mariano (Ortiz) tenía conocimiento, sabía las personas que habían ordenado toda la investigación de Ignacio González… y es el que realizó la investigación material», precisaron.

Las claves del viaje a Colombia

  • Cartagena de Indias. Ignacio González viajó a Cartagena de Indias, Colombia, en un viaje supuestamente relacionado con actividades internacionales del Canal de Isabel II. En la comitiva figuraban, entre otros, Ildefonso de Miguel, gerente del Canal, y Edmundo Rodríguez Sobrino (presidente del Canal en el extranjero, despedido tras aparecer en los ‘papeles de Panamá’).
  • Espiado. González fue seguido durante su viaje, celebrado en agosto y septiembre de 2008, y sus movimientos, grabados con cámara oculta.
  • Bolsas. Las imágenes captadas por el detective que le siguió muestran al ex presidente madrileño portando unas extrañas bolsas. Él aseguró que contenían toallas.
  • El proceso judicial. La Comunidad de Madrid denunció el espionaje y la instrucción recayó en un magistrado hermano de un director general de Aguirre. El caso en el que se imputó a los detectives se archivó y se encuentra a la espera de que la Audiencia resuelva los recursos.

La primera reacción por parte de los abogados del detective fue de incredulidad al comprobar la insistencia de González y sus enviados en saber quién estaba detrás del encargo: «Nos sorprendía que se siguiera por su parte con este procedimiento, considerando que tiene conocimiento de quién ordenó realmente esta investigación». «Entendemos, con todo el respeto, que este procedimiento no va a tener para nuestro cliente ninguna consecuencia jurídica negativa, porque lo que se está persiguiendo es un posible delito de revelación de secretos en el que no ha intervenido», arguyeron los letrados Mata y Hernández, intentando quitar trascendencia al asunto. «A nuestro cliente se le encomienda que viaje a un lugar y hace una investigación a las personas que le dicen con independencia de conocer la relevancia política y social de estas personas. Lo que nos sorprendía es que hasta ahora nadie ha desvelado nada y se pretende que sea nuestro cliente el que lo desvele. Y, claro, después de la conversación que hemos mantenido con nuestro cliente nos sorprendía que [González] quisiera seguir hasta el final con el tema», añadieron los letrados del investigador.

«Por las pruebas que nos ha mostrado nuestro cliente, nos sorprende que [González] quisiera seguir adelante tan hasta el final. Él ha cumplido con su trabajo como detective, no se le paga y luego se le quiere meter en este procedimiento», abundaron.

Pero es que por si todavía quedaba alguna duda, uno de los letrados del detective, Alejandro Mata, reiteró la advertencia de que, si se llegase a saber realmente lo que ocurrió, afloraría una verdad incómoda para el partido. «No parece que fuera a beneficiar [a González] que se supiera quién había dado la orden de hacer esos seguimientos. Nuestro cliente lo que quiere es quitarse de en medio de esto y, en principio, no parece que vaya a tener ningún problema».

A la vista de la insistencia de los emisarios del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y de que no consiguieron disuadirles de su objetivo, entraron en el fondo del asunto. No sin antes repetir, por enésima vez, su advertencia de que el PP podría sufrir daños colaterales: «Puede ser que, en un momento determinado, las relaciones entre determinados miembros del Partido Popular estuvieran tensas o tirantes o hubiera enfrentamientos, pero eso se solucionó en su momento y que a día de hoy se siga adelante sólo perjudica a vuestro cliente y a sus intereses políticos».

Tras escuchar atentamente a los abogados, terciaron los representantes de González pidiendo conocer lo que ocurrió, cayera quien cayera: «Él no tiene conocimiento del cliente final, pero Julio [Gutiez] le facilita todos los datos del cliente final, quién es el encargante, él dispone de toda la información», señalaron para tirar de la lengua a los letrados.

«Lo que Julio le facilita a Mariano es el pasaje de avión y le dice las personas a las que debe seguir y que ya le dirá qué día tiene que partir. Si él llega a saber a quién iba a seguir, no lo hubiera hecho, porque los riesgos personales que corrió fueron muy altos. Desconocía lo que se iba a encontrar. Pero nuestro cliente conoce a través de Julio los datos», contestaron los defensores del detective, reconociendo por primera vez que disponían de las claves de este asunto.

Sin embargo, antes de mostrar sus cartas, los representantes del detective formularon una pregunta a los emisarios del número dos de Aguirre. «¿González no sabe quién ha hecho ese encargo de que se le siga y se le investigue? Decidnos si sí o si no».

La respuesta de los enviados de González fue confirmar sus intenciones: «Hemos abierto un procedimiento y llevamos camino de dos años y desde el principio el interés del cliente es saber quién es el encargante y toda la verdad en relación a esta situación. Por un lado, está el seguimiento a Colombia, la investigación patrimonial a Ildefonso [de Miguel, ex gerente del Canal de Isabel II], no pudiendo nosotros excluir que todo esté conectado, porque hay una coincidencia en el tiempo». «El interés es saber todo: encargantes, motivaciones, pagos, cantidades, ingresos… todo».

Aclaradas las intenciones de unos y otros, los abogados del detective empezaron a aflorar datos muy concretos: «Por referencias, nuestro cliente cree saber quiénes son los encargantes y cómo se hizo el pago a Mira, porque el pago se hizo. Fueron 300.000 euros».

Los enviados del entonces vicepresidente madrileño escucharon estupefactos e instaron a sus interlocutores a que concretaran más: «En este tipo de trabajos no se va a hacer la transferencia bancaria, se hará con otros conceptos», indicaron los emisarios de González, apuntando que pudieron mediar facturas falsas.

El letrado Hernández se lo confirmó: «Te digo que el pago no se realizó a través de metálico. Aparecerá otro concepto. Hay terceros que están también involucrados». Su compañero de despacho aprovechó para apostillar: «De política no entendemos mucho, pero vamos… Puede que tú lo desconozcas pero nos extraña mucho que a estas alturas Ignacio González no lo sepa». «El seguimiento de Ignacio González parte de una cuestión política […]. Por lo que nuestro cliente sabe que la orden parte del entorno del Partido Popular […] Más claro… Ya te lo hemos dicho», sentenciaron. http://www.elmundo.es/

La Fiscalía pide archivar el caso de espionaje a cargos del PP de Madrid

No aprecia suficientes indicios de que los seguimientos a políticos supuestamente enfrentados a Aguirre constituyan un delito de malversación.

La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento provisional del caso de “seguimientos” a políticos de la Comunidad de Madrid al no apreciar suficientes indicios que acrediten un delito de malversación de caudales públicas, han informado a Efe fuentes fiscales.

La Fiscalía entiende que las investigaciones llevadas a cabo para esclarecer el supuesto caso de espionaje a cargos del partido en la región madrileña como el que fuera su presidente Ignacio González, que entonces era mano derecha de Esperanza Aguirre, no arrojan “suficientes” indicios para imputar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos.

La Audiencia de Madrid ordenó en junio del año pasado reabrir por tercera vez el caso de los supuestos seguimientos a políticos del PP enfrentados con Esperanza Aguirre al considerar que había indicios de un delito de malversación de caudales públicos por parte de cuatro funcionarios y asesores de la Comunidad acusados.

Los magistrados estimaron que, como ya habían sostenido en ocasiones anteriores, había indicios de un posible delito de malversación de caudales públicos por parte de los funcionarios y guardias civiles Sergio Gamón Serrano, Miguel Castaño Grande, José Manuel Pinto Serrano, José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez.

Están acusados de utilizar teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros políticos madrileños, en 2008 y 2009.

Ahora la Fiscalía sostiene que las diligencias de instrucción practicadas no han acreditado que los investigados hayan destinado a usos ajenos a la función pública “caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones”. A su juicio, no se han aportado pruebas que demuestren que los vehículos o teléfonos puestos a su disposición de las personas investigas fueran utilizados para hacer seguimientos.

Esperanza Aguirre se remite al informe de la Fiscalía

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este jueves que la Fiscalía no aprecia “ningún dato” para decir que hubo espionaje en la Comunidad de Madrid cuando ella era la presidenta del Gobierno regional. “Ha salido hoy un informe de la Fiscalía diciendo que no hay ningún dato para decir que ha habido espionaje”, ha afirmado Aguirre en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

Esperanza Aguirre ha reiterado que “si han aparecido nuevas pruebas que demuestren que las tres veces que han archivado la causa no estaba bien archivada, pues oye, al que la haga, que la pague”.

La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional en el presunto caso del espionaje a políticos en la Comunidad de Madrid al considerar que las investigaciones llevadas a cabo no desprenden “suficientes” indicios que acrediten la comisión de un supuesto delito de malversación de caudales públicos, según han apuntado este jueves fuentes jurídicas.

Esta postura contrasta con el escrito presentado por la Abogacía de la Comunidad de Madrid, quien solicitaba la apertura de juicio oral contra los imputados al considerar acreditado que hubo vigilancias de personas vinculadas al Gobierno regional durante los meses de marzo a mayo de 2008, en la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. http://elprogreso.galiciae.com/

¿Quién siguió a quién y para qué en el PP de Esperanza Aguirre?

La Fiscalía de Madrid pidió ayer el sobreseimiento del presunto espionaje que habrían padecido los dirigentes del PP madrileño Alfredo Prada y Manuel Cobo por parte de trabajadores a cargo de la Comunidad. Este caso no tiene, sin embargo, ninguna relación con el del seguimiento a Ignacio González en Colombia, que se investiga en un procedimiento diferente. El contexto político de uno y otro es también distinto, aunque ambos parten de la ambición de poder descontrolada en el entorno de Esperanza Aguirre cuando ella era una dirigente de enorme peso político y proyección.

¿Qué se investiga en el caso del seguimiento a Ignacio González?La cadena Ser publicó en 2009 las imágenes que revelan que el número dos de Esperanza Aguirre en el Gobierno de Madrid había sido espiado durante un viaje a Colombia entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre de 2008 en compañía de otros dos altos cargos del Canal de Isabel II, una empresa pública investigada por corrupción. La visita se produjo fuera de la agenda oficial y en el vídeo puede verse a González y sus acompañantes en actuaciones sospechosas, como cuando se introducen en un apartamento con dos voluminosas bolsas para salir 10 minutos después sin ellas. La instrucción correspondió a un juez muy cercano al Ejecutivo regional, hermano del director general de Justicia, que llevó a cabo todo tipo de iniciativas prospectivas con detectives, empresarios y mandos policiales. Se encuentra pendiente de recursos ante la Audiencia de Madrid.

¿Cuál es el contexto político del espionaje en Colombia a González?Las grabaciones difundidas ayer y hoy por EL MUNDO arrojan luz a la sospecha fundada de que el seguimiento se había encargado desde el PP de Madrid: efectivamente fue así, costó 300.000 euros y los pagó un empresario amigo que los justificó con facturas falsas. Cuando se produjo, Aguirre no tenía ya ninguna opción de suceder a Mariano Rajoy al frente del PP nacional y existía una fortísima pugna interna entre sus dos más directos subordinados: González, vicepresidente de la Comunidad, y Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid y ascendente orgánico sobre todos los cargos de la formación regional. Granados comandaba así un área de interés fundamental y muy onerosa: la financiación ilegal. Como ahora se sabe a partir del escándalo Púnica, constructores pagaban gastos del partido o hacían entregas en metálico a cambio de adjudicaciones.¿Qué se investiga en el caso de los seguimientos a Manuel Cobo y Alfredo Prada?El diario El País publicó en 2009 una serie de reportajes en la que se puso de manifiesto que dos dirigentes del PP de Madrid, Manuel Cobo y Alfredo Prada, habían sido objeto de presuntos seguimientos por parte del equipo de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad, con Sergio Gamón al frente. El caso se encuentra pendiente de juicio: llamativamente, la Fiscalía pide el archivo, pero es el Ejecutivo de Cristina Cifuentes quien mantiene la acusación y reconoce, así, que hubo espionaje.¿En qué contexto se produjo el espionaje a Cobo y Prada?Los partes de seguimiento elaborados por los trabajadores de la Comunidad de Madrid constatan que se produjeron entre marzo y mayo de 2008; es decir, en vísperas del Congreso Nacional del PP en el que la formación regional fue un polvorín entre los afines a Esperanza Aguirre, que pretendían promocionarla al poder, y los seguidores de Alberto Ruiz-Gallardón, que postulaban la permanencia de Mariano Rajoy. Cobo y Prada estaban entre estos últimos. EL MUNDO publicó en 2015 la grabación de una juerga de los espías en casa de Francisco Granados, en la que se escuchaba a éste asumir de forma implícita haber dado la orden. Eso sí, «por especial interés del vicepresidente» González. http://www.elmundo.es/

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